La reforma, en el artículo 158, daba 12 meses a las municipalidades para adecuar sus ordenanzas y tarifas tributarias, basándose en principios de progresividad y coherencia, y en la realidad socioeconómica de los municipios.
El mandatario consideró inconstitucional la reforma, porque argumenta viola principios de democracia representativa, libre debate y discusión propia de la actividad legislativa.
Bukele sostiene que la reforma al artículo 158 de la ley General Tributaria Municipal no formó parte de la iniciativa y no existió un dictamen al respecto, por lo que considera “indebida e inconstitucional” su incorporación.
La iniciativa fue presentada el 9 de octubre de 2019 por parte de diputados del Partido de Concertación Nacional (PCN). Según la Presidencia, los artículos reformados no corresponden a la solicitud de los legisladores pecenistas.
Manifestó que el estudio de la iniciativa de la ley se centró en otros artículos: 2, 27, 129 y 142.
La normativa también establecía que para aprobar tributos se debiera tomar en cuenta la naturaleza de las empresas, la cuantía de sus activos, la utilidad la realidad socioeconómica de los municipios.