El acuerdo fue firmado para enfrentar la migración irregular en la frontera suroccidental de Estados Unidos.


Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunciara que dicho país y El Salvador concluyeran los acuerdos para la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), diputados cuestionan la capacidad del Gobierno para implementarlo.

“Si Estados Unidos es el que ha hecho el tratado con El Salvador, imagino que quien da eso tiene que dar los medios también para poderlo llevar a cabo, ya que con lo que tenemos nosotros, si no nos alcanza para nosotros, mucho menos para alguien que venga”, dijo el diputado Antonio Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN).

El ACA implicaría que personas migrantes que soliciten asilo o protección humanitaria en la frontera de los Estados Unidos sean transferidos a El Salvador para que busquen esa protección.
“Humanitariamente no podemos negarnos pero, si el Gobierno dice que lo va a hacer, imagino que nos va a dar a conocer cuáles son las medidas que se van a tomar”. Antonio Almendáriz, Diputado del PCN

Almendáriz agregó que desconocen el contenido, ya que no se presentó a la Asamblea Legislativa. “Todo convenio tiene que ser aprobado por esta Asamblea y ratificado también por la misma, o sea, cualquier cosa que sea internacional tiene que venir aquí”, agregó.

Diferente opinión tiene el diputado Mauricio Vargas, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), sobre si debió aprobarse o no por el parlamento. “Es un acuerdo multilateral en función del manejo de la política exterior, porque no es una ley, es un tratado o un acuerdo entre un Estado y otro Estado en función multilateral de los mutuos intereses”, dijo. Sin embargo, coincide en que el país no tendría las condiciones de perfilarse como “tercer pais seguro”.
“Es una decisión que tiene el Gobierno y está en la potestad de hacerlo. Pero que eso nos vuelva seguros, no. La seguridad no se firma en un papel ni se da por decreto”. Mauricio Vargas, Diputado de Arena

Derecho de migrar.


Para el grupo parlamentario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), este tipo de acuerdos violan el derecho humano de emigrar. “Es condenable porque, además, se adquiere una serie de compromisos que en el país tampoco se está preparado para asumir ese nivel de compromiso, en cuanto a que se va a traer a la gente que se detiene en otras fronteras para acá para El Salvador, si ni siquiera a nuestros mismos compatriotas se les está pudiendo garantizar todos sus derechos”, dijo la diputada Anabel Belloso. Carolina Recinos, coordinadora del Gabinete de Gobierno, dijo que los detalles los dará a conocer la Cancillería.