La comisionada Liduvina Escobar ha sido suspendida de sus labores y podría ser removida del cargo por decisión del presidente Nayib Bukele. Archivo
El Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), constituido por organizaciones de la sociedad civil, rechazó y condenó este viernes la decisión del presidente Nayib Bukele de iniciar un proceso de destitución contra la Comisionada Propietaria del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Liduvina Escobar.
El Grupo califica la decisión de Bukele como “atentatoria de la autonomía e independencia del IAIP”, señala además que la actuación del mandatario es arbitraria y neutralizará por completo al Instituto.
También, el colectivo rechazó el acoso y hostigamiento denunciado por Escobar en días pasados por parte del Comisionado Presidente, Ricardo José Gómez; y los comisionados Javier Suárez Magaña y Roxana Saledonia Soriano.
Este viernes se conoció que el presidente Bukele ordenó suspender de su cargo a Escobar e iniciar el proceso de remoción como Comisionada.
Además, le ordenó al presidente del IAIP impedirle el acceso a medios informáticos de la institución.
Bukele argumentó, según expone el Grupo Promotor en un comunicado, que el motivo de la suspensión y del inicio del proceso de destitución se fundamenta en “el probable cometimiento de actos que afecten gravemente el funcionamiento del IAIP e incumplimiento de sus funciones”.
Por lo anterior, el Grupo expresó que la maniobra del presidente busca remover ilegalmente a la comisionada.
“Solo confirma que para el Gobierno el derecho de acceder a la información pública es visto como un obstáculo”, manifestó el colectivo.
El Grupo exhortó a expresiones de la sociedad civil, población en general, Órgano Judicial, gremio periodístico, así como al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, a mantenerse atentos a las acciones que atenten contra el derecho de acceso a la información.
La afectación a la independencia del IAIP, amenaza el derecho de los y las salvadoreñas de conocer información pública que permitye velar por la transparencia, conocer el quehacer de las entidades públicas a nuestro servicio y contribuir a cerrar espacios a la corrupción”. concluye el pronunciamiento del Grupo.