El 9 de febrero, militares ingresaron a una sesión plenaria cuya convocatoria, realizada por el presidente Bukele, fue declarada inconstitucional.
El Congreso de EE.UU. terminó excluyendo a El Salvador, Guatemala y Honduras del “Programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF)”, que subsidia a países para comprar armas y equipos estadounidenses.
La política de ayuda militar es establecida por la Oficina de Asuntos Político Militares del Departamento de Estado y la gestiona el Departamento de Defensa. El Congreso asigna fondos para el programa mediante la Ley de Asignaciones o Apropiaciones.
La exclusión de El Salvador de la ayuda militar aparece en el apartado “Triángulo del Norte”, donde también condiciona el 50 % de la ayuda a los tres países a 10 condiciones.
Esta ley dice textualmente: “(D) Programa de Financiamiento Militar Extranjero. Ninguno de los fondos asignados por esta ley bajo el título “Programa de financiación de militares extranjeros” puede estar disponible para asistencia a El Salvador, Guatemala u Honduras”.
De acuerdo a estadísticas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, El Salvador ha recibido $11,206 millones de ayuda de 2009 a 2015.
“Es una señal al comportamiento del presidente en el uso de las instituciones de seguridad, representa un mensaje al ministro”. Mauricio Vargas, diputado y militar retirado
Bajo condiciones.
Con la nueva ley aprobada, asistencia estadounidense ha quedado sometida bajo condiciones que debe cumplir una lista de países. Este grupo de países no pueden recibir “fondos asignados bajo los títulos III al VI”, excepto que sean proveídos a través de los procedimientos regulares de notificación del Comité de Apropiaciones.
Entre los países con esa restricción están Etiopía, Camboya, Federación de Rusia, Irán, Iraq, Yemen, Zimbawe, Afganistán, Haití, Libia, Líbano, Filipinas, Pakistán, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Siria, Uzbekistán, Burma, Guatemala, México, Nicaragua, Colombia, Honduras, Venezuela y Cuba.
La exclusión del país en la ayuda militar y estas condiciones aparecen en el apartado Triángulo del Norte, en donde también condiciona el 50 % de la ayuda a los tres países a 10 condiciones, como combatir la corrupción y la impunidad, incluido el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales corruptos; implementar reformas para aumentar la transparencia, proteger los derechos de la sociedad civil, partidos políticos de oposición e independencia de los medios de comunicación Entre las condiciones están proporcionar seguridad y una ley eficaz respetando el debido proceso.
“Es un mensaje”.
El general Mauricio Vargas, opositor, interpreta la restricción de la ayuda como una señal del uso que el presidente hace de las instituciones de seguridad y un mensaje al ministro de la Defensa Nacional de que él “tiene la responsabilidad con la institución, no a la persona”.
Esta decisión, dice, restringiría la asistencia de seguridad en distintos rubros como la logística y el entrenamiento.
Según Vargas, en la decisión han influido hechos concretos ocurridos en El Salvador, como el 9F, el encierro de los magistrados y empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que hicieron seguidores del partido Nuevas Ideas, amenazas a la Sala de lo Constitucional. “Es un deterioro en el prestigio institucional que se logró después de los Acuerdos de Paz”, dijo.
El dato
La ley en donde aparece la restricción puede ser encontrada en el sitio rules.house.gov. La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU.
3 datos que debes de conocer
Quiénes reciben la ayuda militar
Son equipos, servicios y capacitación de defensa a amigos y aliados, para mejorar sus capacidades de defensa.
Preocupación de congresistas
Congresistas y senadores mostraron preocupación por el 9F y las detenciones de personas en la pandemia.
Ejecutivo restó méritos
En declaraciones a la prensa, el presidente ha restado valor a las preocupaciones de los congresistas.