La orden de registro fue autorizada por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, a fin de incautar documentación, equipo informático y extracción de información para obtener elementos de prueba.
El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) denunció que habría más de 1,000 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa y posteriormente el presidente de la República, Nayi Bukele, señaló que de 2,400 plazas, 1,200 son irregulares.
Sospecha peculado.
El fiscal anticorrupción, German Arriaza, dijo que tienen distintos elementos probatorios en la etapa del registro. “En este momento, estamos analizando la posibilidad de un tipo penal que se llama peculado y también otro tipo penal de actos arbitrarios; pero es la investigación misma la que nos va a establecer tanto la existencia de los delitos como la posible participación en esos hechos”, expresó el fiscal Arriaza.
“La finalidad que tenemos como Fiscalía es establecer la posible existencia de delito y determinar quiénes pudieron haber participado”. German Arriaza, fiscal anticorrupción
Buscarán información de personas que estén contratadas en el órgano de Estado y no desempeñen sus actividades laborales obligados por ley. Analizarían las plazas institucionales y las asignadas a grupos parlamentarios.
No es nueva.
Arriaza prefirió no detallar a quién o quiénes tendrían que asumir responsabilidades, si sería la persona contratada o el contratante. “Nosotros vamos a analizar todos aquellos elementos probatorios que podamos obtener en la investigación y una vez finalizada vamos a hacer el análisis jurídico correspondiente”, agregó el fiscal anticorrupción.,
La denuncia de existencia de plazas fantasma en la Asamblea no es reciente, ya en el 2018 cuando el diputado Norman Quijano asumió la presidencia dijo que había personas que no llegaban a trabajar. Y el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, dijo que fueron ingresados a la institución en el tiempo de prohibición, es decir, en los meses previos a elección y de cambio de legislatura.
“Me parece raro que hasta esta fecha lo haga, pero me parece positivo, por supuesto. Y esperaré que no se quede en una investigación”. Leonardo Bonilla, diputado no partidario
“Ese personal que Norman Quijano echó, dejó sin efecto sus plazas, eran personas que habían sido contratadas en los últimos meses de la anterior presidencia”, dijo Ponce, en referencia a la gestión de Guillermo Gallegos.
Por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se reinstalaron entre 23 o 28 personas. Ponce ve positiva la investigación de la Fiscalía, “para que funcionen las instituciones”, expresó.
Por su parte, Leonardo Bonilla, diputado no partidario, aseguró que desde que comenzó su periodo denunció las plazas fantasmas. “O sea que mi denuncia como diputado nunca ha tenido peso, pero que ahora es el propio gobierno y que casualmente tiene mayoría, el fiscal se mira obligado a investigar”, dijo.