La Sala mantuvo vigente el decreto 640 al declarar inconstitucional la reforma que hizo la Asamblea. / Foto: Ó. M.
El diputado del partido oficial, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Guadalupe Vásquez, reconoció que el Gobierno utilizó los fondos obtenidos del decreto 640, que autorizó deuda por $1,000 millones, sin la asignación de la Asamblea Legislativa en el presupuesto 2020.
“Era a través de la emisión de bonos, ese mecanismo utiliza el Gobierno para poder adquirirlos, sin que venga aquí para la ratificación, es un mecanismo que le daba el decreto 640”, dijo.
Mencionó que cuando se hizo la reforma los fondos ya no existían. “Cuando se aprueba este dictamen ya los fondos ya no existen porque el Gobierno los había utilizado pasando a Bandesal para que Bandesal, a través del mecanismo que ellos han creado, para poder distribuirselo y dárselos a las empresas que han calificado”, dijo Vásquez.
Necesaria reforma.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionalidad por vicio de forma al decreto 781, que reformó el 640, por no haberse consultado al Ejecutivo.
La reforma no constituyó una distorsión al equilibrio presupuestario: la Sala señaló que tanto el decreto 640 como el 781 “no implican reformas tácitas a la ley de presupuesto, sino que solo regulan la autorización para gestionar fondos y el destino de estos”.
Agregó que, una vez gestionados los fondos, “debía solicitarse la respectiva reforma del actual presupuesto, pero visto que tal actividad no se realizó, significa que, formalmente, esos fondos no fueron asignados para los destinados detallados”.
“Realmente ese dinero no existía, se engañaron a los alcaldes, se engañaron a los veteranos de guerra y a Fomilenio II”. Guadalupe Vásquez, diputado de GANA
La duda opositora.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, cuestionó en qué se usaron los fondos. “En un primer momento estaban etiquetados, se violentó el decreto 640, la Sala tuvo que haber observado eso”, dijo Ponce.
En julio de 2020, el Gobierno solicitó la incorporación de $354.2 millones obtenidos con el decreto 640 al presupuesto y en octubre habría “retirado” la solicitud.
Nidia Díaz, jefa de bancada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señala que la inconstitucionalidad es de forma y que los recursos tendrían que estar disponibles porque no se habían asignado.
“Lo que hicieron fue retirar su propuesta de asignación y quedó ese fondo ahí sin asignarse”, expresó Díaz.
No descarta reunirse con el Gobierno para buscar una solución en la asignación de los fondos.
Por su parte, el diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asegura que el haber usado los fondos sin asignación es malversación de fondos.
“Es que la Sala (de lo Constitucional) tuvo que haber ido más a fondo, se fue más en la parte superficial sobre la decisión última tomada”. Mario Ponce, presidente Asamblea Legislativa
Emisión de Letes.
Mientras, el diputado René Portillo Cuadra, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la emisión de Certificados y Letras del Tesoro (Cetes-Letes) de parte del Gobierno para no buscar aprobación de la Asamblea. “Hay alrededor de $1,500 millones que la Asamblea ha aprobado que el Gobierno está utilizando de manera discrecional, sin rendir cuentas de esto”, dijo.
La reforma reorientó $288.2 millones para el pago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) de las 262 alcaldías, $50 millones para Fomilenio II y $16 millones para el pago de beneficios a veteranos y excombatientes del conflicto armado.