El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana trasladará los hallazgos a la Fiscalía General de la República (FGR) si encuentra indicios de algún delito, aseguró el coordinador del Comité, Ricardo Castaneda, quien representa al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Veeduría viene de ver, observar –explica Castaneda– y dar tutela a la transparencia en el manejo de los $2,000 millones cuya búsqueda autorizó por decreto la Asamblea Legislativa el 26 de marzo de 2020, en plena pandemia por la enfermedad del covid-19.
¿Hasta dónde llega su poder? El Comité no decide sobre el uso de los recursos, pero sí tendrá acceso sin posibilidad de reserva de información sobre cómo se han utilizado.
Inédito.
La creación de este grupo de vigilancia al gasto es considerada inédita en América Latina. “Es un esfuerzo inédito en América Latina, solo está conformado por instituciones independientes a los partidos políticos, al Gobierno; porque está revestida de un decreto legislativo sancionado por el presidente de la República”, destacó Castaneda, coordinador del Comité. También es conformado por: Wilson Sandoval, representante de la la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), subcoordinador; Roberto Morán, representante de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), secretario. También lo integran Inosencio Alas, representante de las asociaciones de contaduría y auditoría, y Nixon Hernández, representante de la Universidad de El Salvador (UES).
Sin reserva.
Las instituciones del Estado están obligadas a entregar información al Comité de Veeduría, sin que se pueda declarar reservada, de acuerdo al artículo 14-A del decreto.
Esto fortalecerá la lucha contra la corrupción, indica el coordinador de la Veeduría. “La lucha contra la corrupción debería estar por encima de cualquier polarización política que haya, es un tema de país”, sostuvo Castaneda.
En un contexto de una crisis económico, social y ambiente, el país no se puede dar el lujo de desperdiciar un solo centavo, ya que todos los costos de la corrupción son pagados por la población.
Marco legal de la primera veeduría ciudadana en El Salvador
El Comité de Veeduría fue creado en marzo de 2020 cuando la Asamblea Legislativa autorizó $2,000 millones para la pandemia covid-19.
- Fondos de los $2,000 millones de pandemia
El Comité de Veeduría tiene facultades para observar cómo se han usado los $2,000 millones autorizados por decreto 608.
- Se creó por decreto
Sus funciones están amparadas en el decreto 608 y también en la ley de presupuesto general del Estado 2021, en su artículo 25.
- Vigilará fondos de presupuesto 2021
Su facultad de vigilancia se amplió a los fondos orientados del decreto 608 al presupuesto estatal 2021.
- Información no podrá reservarse
Ninguna información relacionada a la ejecución del presupuesto extraordinario podrá declararse reservada, indica el decreto.
- Verifica si han cumplido la ley
El Comité de Veeduría verificará si las instituciones han cumplido la ley en las asignaciones, compras y contrataciones realizadas.
- Preguntará objeciones
El Comité decidió que concederá a las personas referidas en el dictamen la oportunidad de presentar objeciones en 5 días.
- Puede solicitar auditorías
Si se requiere que se haga una auditoría especial, esta será solicitada por el Comité a la Corte de Cuentas de la República.
- Las decisiones por mayoría
Las decisiones del Comité de Veeduría serán tomadas por consenso o el voto favorable de tres de cinco de sus miembros.
- Si hay indicios
Si hay indicios de posibles delitos, la información se trasladará a la Fiscalía General de la República, informó el coordinador del Comité.
- Vigencia
Las funciones del Comité terminarían hasta que se concluya el uso de estos fondos, incluso los asignados en el presupuesto general estatal de 2021.