Cáder dijo que el Ejecutivo fue consultado independientemente “de que la Asamblea decidiera el destino final de la misma según su atribución constitucional”.
Los motivos de la controversia constitucional tuvieron que haber sido rechazados, según el magistrado.
Advierte que haber omitido señalar partidas y rubros que supuestamente quedarán sin financiamiento por la reorientación del decreto 781 “es inexcusable” debido a que Hacienda es responsable del equilibrio de las finanzas.