¿Cuáles son sus propuestas para la Asamblea Legislativa?
Las propuestas son 4 y las encasillo dentro de un lema que se llama 'Por un El Salvador verde y productivo', que es que lo que he venido haciendo por décadas. He estado trabajando por servir al país en la temática ambiental, mejorando la calidad de vida de la gente, haciendo un país más amigable con temas ambientales no solo en la conservación de los recursos naturales, sino que también en la calidad de vida de la gente, que depende de los recursos naturales, pero también he estado trabajando con empresas en el Triángulo Norte en los últimos cinco años, haciéndoles estrategias de gestión de riesgo ambiental y social. Entonces, cuando uno habla de un El Salvador verde y productivo, yo por lo menos lo visualizo con 4 ejes.
El primero es apuesta por una nueva economía, reactivar la economía, rescatando empleos y generando inversión extranjera directa, pero también creando certidumbre jurídica para el empresario, porque al final no podemos tener a un Gobierno que esté peleado con el sector privado, necesitamos un acuerdo o un pacto de nación entre el Gobierno, el sector privado y hasta la academia, porque con la academia se puede definir a qué grupos apostarle para generar gente capacitada, para insertarla en los rubros económicos a los cuáles se les apueste.
Hoy por hoy tenemos 16 cadenas de valor de exportación, comenzando por textil, prendas de vestir, el sector de químicos, fabricación de plásticos y al final tenemos un poquito de agricultura. Entonces, creo que una nueva economía también implica inversiones que generen diferenciación y competitividad en lo ambiental y lo social. Me refiero a apostarle a mejor desempeño ambiental y social a las cadenas de valor, tenemos para atraer más inversión en esas mismas cadenas de valor y, por consiguiente, más empleo.
Hemos perdido más de 100 mil empleos el año pasado, ¿cómo rescatarlo?, con una estrategia de posicionamiento y diferenciación que genere competitividad, generando no solo valor económico sino valor ambiental y social, es clave. Certificaciones para el sector textil, certificaciones para el sector agrícola, como lo que yo hice en el pasado, a través de una alianza con Rainforest Alliance, trajimos al país esa certificación de mejora social y ambiental del sector cafetalero, incluso había un incentivo de mercado para las fincas de mercado, cuando yo era el director ejecutivo de Salvanatura. Existen muchas certificaciones, como el Estándar Global del Reciclaje que puede utilizarse en la industria del plástico para vender resina reciclada a diferentes empresas que utilizan empaques de plástico con su propia marca, por ejemplo. A eso me refiero con invertir un poquito con una nueva economía atada a la economía circular.
Creo también en impulsar una legislación atada a una economía circular, venimos de una economía lineal que se está acabando los recursos del planeta. ¿Qué es una economía circular? Es traer recursos, producirlos, consumirlos y desecharlos, una economía circular cierra ese ciclo y aspira a tener menos desechos, es utópico decir que vamos a llegar a un momento en donde nadie va a generar ningún desecho, el punto de la economía circular es alargar la vida útil de los productos, pero también insertar conceptos como la refabricación de los productos, la reutilización, la renovación y el reciclaje.
Para lograr esto, necesitamos nuevamente un pacto de naciones entre el Gobierno, el sector privado y la academia porque, sin eso, no vamos a lograr inversión porque no hay que olvidar que el 80 % de inversión en el país la genera el sector privado, no el público, entonces, la parte económica es vital rescatarla.
¿Cómo se puede recuperar los empleos perdidos e incentivar la inversión desde la Asamblea Legislativa? ¿Qué medidas específicas va a proponer si llega a ser diputado?
Primero que nada, hay que estimular un diálogo para acuerdos de estímulo económico. Para eso, se requiere certidumbre jurídica, la incertidumbre jurídica aleja la inversión, aleja el empleo, tenemos que fomentar el diálogo en el Gobierno y el sector privado para aterrizar un plan de nación, un plan de integración económica, ahí pueden surgir varios temas legislativos.
Seguramente necesitamos también generar inversión extranjera directa, potenciar el verdadero papel de Proesa –la Agencia de Promoción de Inversiones en El Salvador– que hoy por hoy ha sido político, necesitamos presidentes técnicos capaces que no se muevan por los vaivenes políticos, que puedan verdaderamente representar esa visión de país para poder traer no solo inversión extranjera directa, sino que potencie lo que ya tenemos, principales rubros de exportación, nuevas inversiones, nuevas cadenas de valor como las farmacéuticas de alto impacto o incluso la producción de productos frescos como vegetales que podrían generar mucho valor para el país, exportándose a Estados Unidos por las normativas que Estados Unidos requieren para el productor que exporta a ese país. Normativas, incluso, que implican el cuido del agua.
Y por supuesto en inversiones que generen mayor sostenibilidad, alianzas público privados entre las alcaldías y empresas. Hoy por hoy tenemos una ley de alianzas público privadas que solo cuentan con dos APP, una que tiene que ver con el aeropuerto, una extensión del área carga, y otra para iluminar una carretera en oriente. Al final, la garantía de que el sector privado esté participando con algún ente público, incluyendo municipios, puede generar continuidad y mejor servicio a la población y por último para una mejor economía hay que desburocratizar la tramitología.
¿Cuál debe ser el rol de la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa?
El rol ya lo tiene establecido, proponer legislación de alto impacto, dentro de los ejes ambientales. El segundo eje es el tema del agua: necesitamos una buena legislación relacionada al agua que mejore no solo la institucionalidad pero que tenga un ente rector con multiactores representados, la academia, la iglesia, el coordinador de las juntas de agua del país, además del sector público que al final va a tener mayoría para la toma de decisiones. No es sinónimo de privatización, como muchos han querido satanizar, a esta autoridad, que lleva un representante del sector privado.
¿No se debe excluir al sector privado del ente rector?
No debería pero, si se excluye de un comité, yo no tengo problemas con que se excluya. Lo mejor, como el resto de la legislación que conozco en otros países, siempre hay alguien del sector privado representado. No incluirlo significa dejarlo anulado y, si se deja a un lado, debiese haber un comité técnico consultivo del sector privado, en donde la Autoridad Nacional Hídrica pueda acceder a discusiones o a tener más insumos para una mejor toma de decisiones. No tomarle en cuenta en absoluto sería un graso error, ninguna legislación que yo conozco deja de lado a representantes del sector privado, pero ninguno tiene mayoría. Ninguna de estas leyes tiene mayoría el sector privado, siempre es el sector público.
Atado a una buena ley de autoridad nacional hídrica y una buena legislación para la distribución del recurso hídrico que le dé reingeniería a lo que es el ANDA (Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados), porque el ANDA hoy por hoy no funciona, es una caja de corrupción, es una caja de despilfarro del agua entre un 60 y 70% de lo que se distribuye de agua se desperdicia por fugas. No puede ser en un país con tanto estrés hídrico, el umbral del estrés hídrico es un 1,700 metros cúbicos por habitante por año. Nuestro país ya perdió la capacidad para absorber agua y mantener mantos acuíferos, humedales y ríos con el caudal y niveles adecuados. Entonces, no es posible que tengamos a una entidad que distribuya agua entre el 60 y 70%, es inconcebible e inaceptable.
Quiero proponer una ley de seguridad hídrica, es garantizar el agua para todos, para los ecosistemas, para el sector agrícola, para el sector industrial, para las ciudades, hay mecanismos como los fondos de agua que se establece tipo alianzas público privados, en donde el Gobierno y la empresa privada invierte en restaurar cuencas hidrográficas para garantizar que ese flujo del agua y esa disponibilidad exista en el tiempo para todos los usuarios de esa cuenca. Más que llamarle una ley de fondos de agua yo le llamo ley de fomento para la seguridad hídrica.
El tercer eje tiene que ver con acción para el clima. Somos altamente vulnerables, no solo porque estamos en la parte baja de la cuenca del río Lempa, el 60 % del territorio es parte de la cuenca del río Lempa y está ubicado en Honduras y Guatemala. Todo lo que suceda ahí nos afecta a los salvadoreños, afecta el caudal, afecta nuestra capacidad general de generación de energía eléctrica, tenemos que buscar acuerdos binacionales con estos países. Tenemos que mejorar las condiciones de la cuenca para que salgamos menos afectados. Somos vulnerables desde el nacimiento, por fronteras, pero también somos vulnerables por la alta erosión ambiental en que se encuentra el territorio.
Los embates del clima nos han demostrado, en particular el año pasado, con el exceso de lluvias, de que cualquier tormentita o huracán, nos viene a despedazar el país o a provocar desastres y hasta muertes. Pero también vamos a tener años de sequías severas, tenemos que prepararnos para tener mejor un caudal en los ríos, sino para cosechar aguas lluvias y filtrar a los mantos acuíferos. No es posible que la estrategia de ANDA sea abrir pozos para abastecer agua, nos la estamos acabando, tenemos que invertir en restauración. Por eso, una agenda de cambio climático enfocada en la adaptación, es una de mis propuestas.
Necesitamos crear conciencia no solo en los nuevos que vamos a conformar esa comisión y traer técnicos de afuera para socializar legislación compleja, como una ley de cambio climático, una ley de economía circular para que la entiendan y sea mucho más fácil aprobarla para pasarla al pleno. El PDC, con la Fundación Nueva Palabra, tiene acceso a técnicos. Yo, con mi trabajo internacional en Suiza, tengo acceso a técnicos expertos ambientales para capacitar y alimentar esa legislación.
Otro objetivo es en cuanto a la agricultura productiva y sostenible. Tenemos que rescatar a los productores, particularmente los pequeños, del estado de abandono en que se encuentran. En particular, con este Gobierno. No es el nuevo Gobierno el que ha abandonado la agricultura, esto viene de años. Pero ha llegado a niveles inconcebibles, han llegado a marginar totalmente aunque tienen productores de maíz, arroz y frijol, al importar ese producto y dejar de comprar la cosecha al productor actual. Eso es como decapitar la agricultura, al final, porque ya está totalmente degradada, desde el sector cafetalero, el sector cañero, está un poquito mejor, del pequeño productor, pero no los podemos olvidar. Ahí está la seguridad alimentaria de la mayoría de ciudadanos.
No tenemos por qué estar importando productos de afuera. Tenemos suficientes tierras para cultivar más alimentos para nosotros mismos y para exportación. Parte de mi plataforma, en su cuarto eje, es la agricultura productiva y sostenible e identificar nuevos mercados que añadan valor social y ambiental, y nos hagan diferentes y competitivos, y que nos vuelvan a llamar el granero de Centroamérica. Ya lo fuimos una vez, pero quisiera que nos llamaran ahora así por las buenas prácticas que hacemos.
En enero se dio una crisis en enero de 2020 por las algas y la contaminación del agua de ANDA. ¿Cómo resolvería o qué propone para solucionar este problema de contaminación?
Una nueva institucionalidad que tenga un poquito más de visión con relación al manejo de las aguas. Capacidad técnica como mínimo, porque estos puestos han sido muy políticos y han llegado personas en gobiernos anteriores y el actual, con poca capacidad y visión. Entonces, se necesita experticia técnica para manejar el agua. Yo visualizo un país donde la gente pueda agarrar agua en fuentes, oasis públicos. Yo no quiero estar tomando agua embotellada o envasada, quiero tener acceso a mi pachón de agua, que lo pueda rellenar en lugares públicos. El agua es un bien público. Entonces, se necesita un poquito de visión, uno, que tenemos que restaurar el territorio para tener mejor calidad y cantidad de agua. ¿Por qué? Porque hay mucha tierra erosionada y llega sedimento a estos lugares donde se potabiliza el agua. Sí, se puede tratar, pero no se previó por alguna razón que se iba a contaminar en este caso, por falta de visión en entender cómo se maneja el ciclo hídrico. Entonces, un buen ente administrador de agua necesita llenarse de técnicos.
¿Sería de especificarlo en la Ley de Aguas?
En la Ley de Función Pública, es una cuestión de meritocracia, no necesariamente entraría en la Ley General de aguas; porque al final esta es otra, podría ayudar, al incluir un requisito de la persona que va a encabezar el ente.
En el caso de los desechos sólidos, en los municipios se podría llegar a generar una crisis ambiental si los propietarios de los rellenos sanitarios cierran cada vez que se atrasa en el pago de la alcaldía. ¿Usted ve alguna solución desde la Asamblea?
En enero, hace un año se aprobó la ley de disposición de residuos y reciclaje. El covid la vino a detener como a muchas cosas, pero hay que activarla porque una de las bondades de esa ley es que exige a todos, incluso al consumidor final, disponer adecuadamente de nuestro producto final. Entonces, hay un problema aquí que hay que señalarlo: el incumplimiento de la ley por parte de las alcaldías de lo que les corresponde de esta ley, porque en el tema de recolección de la basura y disposición final de la basura, no hay dinero, en algunos municipios hay nueve meses que no han recibido el Fodes por decisión política, eso es incorrecto y viola la legislación. Entonces, se necesitan recursos para trabajar o simplemente en un clúster de municipios o simplemente para la recolección a invertir en rellenos sanitarios y no vertederos. Porque un vertedero causa una contaminación de los mantos acuíferos. Ya hay un mapa de años anteriores, gobiernos anteriores... se mapearon los lugares para invertir en rellenos sanitarios para que todos los 262 municipios pudieran disponer adecuadamente sus desechos, pero eso se vino abajo con el cambio de gobierno. Vino alguien con otra perspectiva. Esos 10 años fueron un desperdicio en materia ambiental, lamentablemente; pero una ley como la actual, acuerpada por una ley que estimule el reciclaje, particularmente de plástico, porque sí se hace reciclaje, de hecho hay una planta de reciclaje, la única en Centroamérica, que recicla plástico de un solo uso. ¿Por qué no invertir en alianzas público privadas, entre empresas y municipios, para establecer plan de reciclaje en los municipios del país adonde se recoge y se separe la basura. Los clústeres municipales de los que hablaba, también se debe apostar; pero también, todo eso va a atado a la ley de economía circular; pero necesitamos también plantas de reciclaje de otro tipo de insumos, de materiales.
En la Asamblea Legislativa, recurrentemente todos los años, los diputados se enfrentan al problema del presupuesto. ¿Cómo enfrentaría usted esto?
Lo que pasa es que desde el Gobierno tienen que cumplir con el principio de un presupuesto equilibrado. Y el gobierno actual no lo está cumpliendo. Es difícil ponerse de acuerdo cuando hay necedad o falta de comprensión de cómo manejar un presupuesto adecuado, y da la impresión que este Gobierno no sabe manejar los números. Por primera vez estamos viendo este tipo de situaciones, porque los gobiernos anteriores sí presentaron presupuestos balanceados, o, aceptaban recomendaciones de la Asamblea. Era más fácil llegar a acuerdos. Ahora, la historia es más compleja por el rechazo tácito y explícito a la Asamblea Legislativa. Habría que ver cómo queda formada la nueva Asamblea, yo creo que se pueden alcanzar más consensos de todo tipo, no solo en términos presupuestarios.
¿Cuáles cree usted que son las fallas del sistema de pensiones?
Yo siento que un sistema híbrido es el correcto, creo que no ha estado funcionando nada mal. La parte pública creo que debe ir desapareciendo con los años, las AFP privadas se han fortalecido, han cumplido con las pensiones de acuerdo a lo acordado y de acuerdo a los años de los pensionados. Yo tengo derecho ahora a acceder a un 25 % de adelanto, yo veo al final que es un sistema bastante amigable, que tiene deficiencias, definitivamente; pero el peor error sería hacerlo 100 % público, o incluso sacar dinero para financiar el presupuesto, como se especula que el Gobierno quiere hacerlo.
¿Cómo resolvería el problema de que muchas personas no tienen ahorro suficientes para una pensión que le ayude a tener una vida normal, muchos no tienen pensión?
Muchos no tienen pensión porque vienen del sector informal. Nuestro reto es cómo formalizar lo informal, para que la gente al final pueda cotizar no solo a las AFP si no que al seguro social, entonces ese es un gran reto. No tengo la respuesta correcta de cómo hacerlo, pero que tenemos que enfocarnos como Asamblea en organizarnos para que esto suceda, porque al final, entre más formalidad, más recaudación de impuestos, más dinero para inversión social, para inversión pública, complementa el sector privado. Pero también, el sector privado puede, a través de sus cadenas de valor, en su cadena de suministro, a ese sector informal y formalizarlo en el camino. Por eso es importante el sector privado: el 80 % de la inversión en este país es del sector privado. Hay que apostar por los 16 rubros de exportación y generar valor compartido, creando formalidad, puede ser parte de la solución.
En el tema de reformas constitucionales, ¿usted cree que es necesaria una reforma a la Constitución actual?
Con la única reforma con la que estoy de acuerdo en este momento es con la que no se ha aprobado: el derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento, que ojalá se logre ratificar, y lo voy a hacer con mucho gusto al llegar a la Asamblea. Pero de eso no hay garantía que le vaya a llegar el agua a la gente. A lo que tenemos que apostarle es a una solución, una ley de agua, una nueva ANDA o entidad distribuidora. Yo dejaría de llamarle ANDA porque hemos tenido suficiente despilfarro y corrupción. Pero sí hay que crear una ley y un ente distribuidor de agua que incluya a las juntas de agua, para que se pueda trabajar todos juntos con un enfoque de cuenca hidrográfica y enfoque de orientación al cambio climático. Porque hemos venido planificando todo basado en el clima pasado; y hay que hacerlo con el clima del futuro, que no lo conocemos pero viene a golpearnos.
¿Aprobaría usted una reforma constitucional que declare imprescriptibles los delitos de corrupción? Ahorita son 10 años los que pone la Constitución.
Por supuesto. Yo creo que los delitos cometidos por los empleados del sector público no deben prescribir. Y sí estaría dispuesto.
¿Y corrupción privada?
Sí, claro. También la hay.
En torno al financiamiento de su campaña, ¿usted va a revelar quién está financiando la campaña?
Sí podría revelar, en un 90 % son fondos propios y 10 % un par de empresas que sus recursos son canalizados a través del partido.
¿Está claro de que hay que revelar el patrimonio?
No tengo patrimonio en el país. De hecho tengo mi hogar fuera de El Salvador, mi familia está en Guatemala.
El perfil
Juan Marco Álvarez Gallardo
Candidato: a diputado del departamento de La Libertad.
Partido: PDC.
Estudios: Maestría en Administración de Empresas y Desarrollo Sostenible de INCAE Business School, Costa Rica.
Trayectoria: Fue director de Salvanatura, director de programa global de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otros cargos.