Aunque se destacan avances importantes en los últimos 19 años en cuanto a normativas sólidas de acceso a la información pública y la transparencia, se advierte del riesgo de retrocesos en la aplicación del derecho.
El reporte se enfoca en 11 países miembros de la Alianza que ya cuentan con Leyes de Acceso a la Información Pública (LAIP): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Se incluye a Costa Rica que tiene un régimen de acceso a la información funcional basado en otras normativas y el sistema judicial.
Los riesgos.
El informe retoma hechos positivos como la aprobación de la Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2010 y la Ley Modelo 2.0 en 2020 que fueron retomadas en los países. No obstante, la aplicación sí experimenta retrocesos.
“El desmantelamiento del régimen de AIP en Nicaragua; la aprobación de normativas que contradicen las LAIP, como la Ley de Clasificación de Documentos Públicos de Honduras; o cambios de gobierno que llevan a una mayor opacidad como en Brasil, El Salvador y México”, destaca el reporte.
Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera necesario proteger los avances en el acceso a la información. “Hay un riesgo que esos avances se empiecen a deteriorar”, dijo.
“El derecho de acceso a la información es virtuoso en la medida que se soporta sobre un estado de derecho que acepta, saluda y abraza los frenos y contrapesos”. Pedro Vaca, Relator Libertad de expresión CIDH
El IAIP.
En El Salvador, el informe destaca “un nuevo embate” para limitar el acceso a la información a través de procesos irregulares de designación de titulares del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“Esto ha llevado a que el Instituto se debilite y pierda su independencia, lo cual es parte de las acciones que buscan remover controles e instituciones que limitan el poder del presidente”, destaca. Una de las comisionadas del IAIP perteneció al partido Nuevas Ideas y otros dos comisionados fueron funcionarios del Ejecutivo y alcaldía.