En el marco de 37 aniversario de la Constitución las organizaciones Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Asociación Acción Ciudadana, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) suscribieron un pronunciamiento al respecto.
“Actualmente, nuestra Constitución, que manda a poner al Estado al servicio de la persona humana y de la sociedad, enfrenta ataques sistemáticos. El año 2020 ha sido especialmente sombrío, por acciones del Presidente de la República que van desde la militarización de la Asamblea Legislativa, en clara violación a la separación de poderes, regímenes de excepción inconstitucionalmente impuestos, la desobediencia reiterada a sentencias judiciales, la instrumentalización de la Policía para impedir la investigación de la corrupción y una iniciativa ilegítima y peligrosa, proveniente del mismo Ejecutivo, para cambiar la Constitución, sin que haya expuesto claramente lo que le interesa modificar y sin tener facultades para promover dichas reformas”, dice parte del comunicado.
Llaman al Ejecutivo “y en particular a los cuerpos de seguridad, que se sometan al orden constitucional que juraron respetar”.
“+Hemos estado señalando una serie de actuaciones, particularmente del Órgano Ejecutivo, del presidente y sus funcionarios, en el sentido de desatender los mandatos constitucionales, exceder sus competencias particularmente con el tema de la pandemia y decretos ejecutivos que emitieron que trascendía a la limitación de derechos o eran, prácticamente, régimen de excepción”. German Rivera/Centro de Estudios Jurídicos
Otra conducta que señala fue el ingreso a las instalaciones del Órgano Legislativo con uso de la Fuerza Armada el 9 de febrero de este año.
Rodolfo González, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y representante del IIDC, indicó que preocupa una actitud mostrada por el Ejecutivo en el inicio de la emergencia de la pandemia del covid-19 en ataques a la Sala de lo Constitucional.
Dijo que cinco jueces, cinco funcionarios judiciales no le podían dar órdenes al presidente para que dejara morir a miles de personas y que simplemente ya iba a dejar de cumplir los fallos. Eso sucedió en otras ocasiones y luego ha habido ataques más directos como tratar de deslegitimar a la Sala diciendo que trabajan para alguna organización privada”. Rodolfo González/Representante del IIDC
Y enfatizó que la Sala de lo Constitucional es la máxima instancia de control del ejercicio de los poderes públicos para el resto de órganos del Estado.
Y en el caso del Ejecutivo hemos visto cómo se ha contralo sus potestades normativas con los decretos ejecutivos que se emitieron en la pandemia y algunas actuaciones concretas en relación con restricción a las libertades en los centros de contención, negar del derecho a la salud o violar el derecho al trabajo, como ha sucedido que hemos tenido conocimiento ayer de un servidor público”.
González considera que este tipo de actitudes es una forma de no querer someterse a los controles de la Sala de lo Constitucional. Y que al llamar a sus simpatizantes a no cumplir órdenes judiciales también se pone en riesgo el Estado de Derecho.
Son tribunales y si es un tribunal de última instancia no hay más que discutir y solo hay que cumplir lo que ordena un tribunal de última instancia”.
Javier Castro, de Fusades, también indicó que han observado un “patrón de acciones autoritarias” que se agudizaron desde el 9 de febrero y posteriormente con el manejo de la pandemia del covid-19.
Todas estas son señales sumamente preocupantes para el orden democrático”.
Sin facultades
Con respecto al proceso de revisión y reforma a la Constitución que realiza el Gobierno, encabezado por el vicepresidente Félix Ulloa, las organizaciones no tienen confianza sobre los propósitos del mismo.
No nos genera confianza, nos parece que en el contexto de este retroceso autoritario en el ejercicio del poder del Ejecutivo parece una contradicción que el Ejecutivo pretenda la reforma de la Constitución. Creo que no hace falta inferir demasiado para entender que un gobierno de talante autoritario no puede pretender una reforma a la Constitución que tenga un signo distinto”. José Marinero/Fundación Democracia, Transparencia y Justicia
Añadió que también les genera preocupación que el gobierno dé muestras de reducir al mínimo cualquier tipo de control al poder Ejecutivo.
Creemos que de raíz este proceso tiene un vicio y es un vicio de legitimidad. No encontramos que el vicepresidente de un gobierno de este talante tenga alguna facultad. De hecho ningún vicepresidente tiene ninguna facultad para impulsar la reforma a la Constitución”.
También advierten que hay poca transparencia en el proceso que pretende ser una consulta ciudadana, pero que no se ha explicado de manera suficiente qué se pretende reformar y que es poco representativa.
Hemos entendido desde la sociedad civil que es una manera de ocultar las verdaderas intenciones de una reforma que, como he dicho, nos preocupa por el talante autoritario del gobierno del que procede”.
No descartan que el proceso se enmarque de cara a las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero de 2021.
Las organizaciones llaman a respetar la Constitución y no impulsar reformas que pretendan favorecer un proyecto político en particular.
Debilitamiento del IAIP
En el tema del acceso a la información pública y con el último acuerdo de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) de dejar de grabar las sesiones del pleno, consideran que es parte de acciones sistemática “para debilitar el derecho de acceso a la información pública”, dijo Javier Castro.
Lo que hemos visto son acciones orientadas a desmantelar todo lo que tenga que ver con el acceso a la información pública y estamos viendo un IAIP que ha perdido su independencia y su eficacia en cuanto a ser el órgano garante de acceso a la información pública”.
Reiteró que es una acción de retroceso, que fija un mal precedente y puede abrir espacio a la opacidad y que no haya rendición de cuentas.