La PDDH dijo que se afectó la salud de los adultos mayores. / DEM
La falta de un protocolo de atención y de equipos de protección habrían sido factores determinantes para que 42 adultos mayores que residían en el Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” fallecieran a causa del covid-19, destaca un informe realizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El titular de la Procuraduría, Apolonio Tobar, presentó ayer a la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa el informe que recoge la actuación que hizo en los casos ocurridos al interior del asilo.
“Al 18 de septiembre del año anterior, nosotros concluimos con el proceso investigativo emitiendo una resolución final de responsabilidad por violación a los derechos humanos, en el que se ha incluido como responsables a la directora del centro de atención Sara Zaldívar, a la directora del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y al ministro de Salud”, dijo Tobar.
“Se ha contemplado que hubo afectación al derecho humano a la salud de las personas adultos mayores por, entre otras cosas, la falta de un protocolo de atención”. Apolonio Tobar, Procurador de los derechos humanos
Sin insumos.
Aunque no quiso comentar sobre las diligencias fiscales, sí mencionó que se violentó el derecho humano a la salud de los residentes del asilo.
“Hemos documentado la falta de protocolos al momento de la pandemia, lo más álgido, la falta de protocolos en el abordaje de las personas adultos mayores, en su ingreso, desarrollo y atención. Hemos documentado la falta de equipo de protección tanto para adultos mayores como las personas que laboran en esa institución”, afirmó.
“Por información oficial, solo se decía de 16 personas fallecidas, hoy nos enteramos que en ese periodo, de junio, julio a septiembre, son 42”. Elizabeth Gómez, diputada del FMLN
Sin información.
Luego del 18 de septiembre no se tuvo respuesta de parte de las autoridades. En su resolución, se declaró que hubo un incumplimiento a la ley de la PDDH por parte de dichos funcionarios y la ministra de Desarrollo Local, porque no enviaron la información solicitada para la investigación.
Indicó que el artículo 10 de la ley les faculta a requerir informes a los órganos del Estado y que el artículo 46 establece que, en caso no se tenga respuesta, se declara responsabilidad por incumplimiento a la ley. También, les habilita a certificar a la Fiscalía General de la República para que determine si hubo cometimiento de algún ilícito. La Fiscalía ya tendría un expediente de investigación en ese caso.
Vulneración.
Para la diputada Elizabeth Gómez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el informe deja en evidencia la vulnerabilidad en la que se encontraban los adultos mayores. Lamentó que las autoridades correspondientes no brindaron más información.
“Está claro que hay una negación de información por parte de estas instituciones. Para el día lunes, está convocada la directora del hogar de ancianos, la señora (Claudia Susana) Barahona y la presidenta del Isri, que es Mayra Gallardo”, dijo Gómez.
Destacó que tampoco se cuenta con información de cuándo se tomaron pruebas de covid-19 en dicha institución ni los protocolos sanitarios y supervisiones.
“Hay otra comisión especial montada a efectos de que estos funcionarios vengan obligatoriamente y bajo juramento a informar qué pasó con estos ancianos”. Orlando Cabrera Candray, diputado de Arena
El diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) Orlando Cabrera Candray coincide en que hubo una violación a los derechos humanos de los ancianos, especialmente el derecho a la salud. “Miembros de la Comisión de Salud ya se habían presentado anteriormente a la Fiscalía para pedir que se haga una investigación sobre este proceso”, dijo Cabrera.
Indicó que las titulares de las instituciones deberán responder a la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia si los fallecidos contaban con prueba PCR o si fue por sospecha de covid o por neumonía atípica.
Abrieron expediente del asilo
La PDDH realizó un proceso de investigación por la muerte de varios residentes del centro Sara Zaldívar.
- Inicio de investigaciones
El 7 de junio de 2020 la PDDH abrió el expediente de investigación por los casos de fallecidos por covid-19 en el asilo Sara.
- Requerimiento de información
El artículo 10 de la Ley de la PDDH establece que puede requerir información y pedir colaboración a los órganos de Estado.
- Certificación de resolución
Autoridades del ISRI y el centro de atención no enviaron información y la PDDH certificó el informe a la Fiscalía General.