La finalidad es que las instituciones públicas y privadas puedan crear las condiciones que permitan dar cumplimiento a esta normativa.
La ley es aplicable para el sector público, empresa privada, instituciones oficiales autónomas y municipalidades. Diputados que avalaron ampliar el plazo argumentaron que con la pandemia del covid-19 no se podría poner en riesgo la salud de la niñez.