Enrique Anaya, abogado de COMTRADEFOP


En la búsqueda de una salida para enfrentar la crisis de pensiones, no descarta que surjan propuestas de reformas paramétricas, y pide que la reforma de pensiones sea un “pacto social”.

 

¿Cuál es su opinión sobre la segunda versión del proyecto del Gobierno?

Especulo que el hecho de haber introducido el tema del registro contable de los aportes (al régimen de reparto) es un intento de dar la apariencia que se va a conservar una cuenta de ahorro de los trabajadores para intentar superar el argumento de la confiscatoriedad. Si vemos los artículos 232-U, en vez de 232-T, es el mismo. Continúa la confiscación. Para nosotros el proyecto es un maquillaje.

 

¿Qué elementos podría tener una reforma propuesta por ustedes?

Queremos que sea fruto de diálogo. Como parte del acuerdo (entre las organizaciones que prepararán un proyecto de reforma de pensiones) fue que nadie puede llevar un artículo hecho. Temas totalmente abiertos y decisiones por consenso.

 

¿No descartan reformas paramétricas?

Vamos a tener que verlo. A mí, en tanto no tengamos los estudios técnicos, es una especulación. Hay que ver las proyecciones de la población, expectativas de vida de los afiliados al sistema. No descartamos absolutamente nada, pero nuestro principio es lo que sea más beneficioso por los trabajadores.

 

¿Descartan la administración estatal?

En este momento, si esa administración supone el despojo de la propiedad del ahorro de los trabajadores, la descartamos. Si hay un mecanismo donde los trabajadores van a conservar efectivamente la propiedad, tendríamos que analizarlo. El principio es los trabajadores son dueños de los ahorros.

 

¿Cómo se puede resolver el problema de muchos que no tienen ahorros suficientes para una pensión decente?

El sistema de pensiones lamentablemente es un reflejo del mercado laboral. En un país en donde la informalidad es tan alta se generan estas inequidades. Uno, buscar mecanismos para ampliar cobertura. No estamos hablando de Suecia, Costa Rica tiene más del 60 % registrada dentro del sistema.

 

¿Quién debe cargar con este déficit, el Estado o los trabajadores?

Todos. ¿Por qué solo a un grupo de población? El dinero no cae del cielo ni nace de los árboles. Si lo vamos a pagar todos, habrá que buscar los mecanismos que cumplan con toda las exigencias de cualquier tributación: progresiva, el que tiene más paga más; debe ser igualitaria. Si hay alguna necesidad de financiar tanto el sistema público como las insuficiencias de las pensiones, vamos a tener que llegar a un acuerdo nacional. Pero no puede ser que sea sobre la espalda de los trabajadores.

 

¿Qué hacen otros países para financiar y sostener las pensiones mínimas vitalicias?

De los impuestos. Hay países en donde por razones peculiares, por ejemplo, Chile, por el precio del cobre cuando estuvo muy alto, los Países Nórdicos, a partir de los ingresos del petróleo. Si no, como en el resto del mundo, es impuesto, es la forma de cómo se tiene que financiar. Un sistema que pueda financiar el sistema público y cubrir las insuficiencias de los ahorros de pensiones tiene que ser de todos.

 

¿Cómo buscarán apoyo político si se acercan periodos preelectorales?

Un llamado en tanto que sea un acuerdo nacional, el costo político tiene que ser de todos. También son de los representantes de los trabajadores. Tiene que ser un acuerdo nacional, un pacto social. Si fuimos todos, se diluye ese costo.