Ricardo Castaneda, economista sénior del Icefi, asegura que uno de los principios del presupuesto es el equilibrio contable, es decir, que cada gasto tenga fuente de financiamiento. Explica que, al vetarse los decretos de préstamos, líneas presupuestarias se quedan sin fuente de financiamiento y, por tanto, “se pierde el principio del equilibrio contable”.
Mientras no se haga una reforma, advierte, determinadas partidas de aprobadas en el presupuesto general del Estado estarían desfinanciadas.
Por su parte, Rommel Rodríguez, investigador de macroeconomía y desarrollo de Funde, cree que en rigor el presupuesto vigente sería el del año de 2020, ya que el presupuesto 2021 está incompleto. Lo tilda de atípico.
Explica que el presupuesto es una unidad, es decir, los ingresos sumados al financiamiento deben ser equivalentes a los gastos. “Es el principio de unidad presupuestaria. Si no hay, es un presupuesto incompleto que no está financiado”, reitera.
Rodríguez también prevé posibles demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo, por parte de los alcaldes, debido a que no les han entregado lo que les corresponde.
Posibles reclamos.
De acuerdo al economista del Icefi, cuando se empiece a ejecutar el presupuesto en 2021, pueden haber reclamos, por ejemplo, de las personas que reciben una pensión mínima.
La ley general del presupuesto del Estado 2021, que habría sido sancionada por el presidente de la República, aprobó un aumento de pensión de $204 a $304.17.
Sin embargo, como dicha partida estaría desfinanciada, se enfrentarían a un problema de iliquidez y por tanto no se cumpliría el marco legal.
Lo que tendría que hacerse ahora, dice, es movilizar partidas o buscar una nueva fuente de financiamiento.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, sostuvo este lunes que resolverán el problema –de desfinanciamiento– en mayo cuando estén en la Asamblea Legislativa, pero también habló de hacer movimientos internos.