El Salvador está inmerso en una crisis multifacética que se caracteriza por una marcada tendencia al autoritarismo presidencial, frente a fuerzas que oponen a este la institucionalidad del Estado dentro del contexto de una pandemia circunstancial.

Esto lleva a la conclusión de que la pandemia del Covid-19 no es la directamente responsable de la crisis que vive el país, sino el autoritarismo de una voluntad errática que ocupa la pandemia como justificación de sus actos políticos, muchos de ellos fuera de la ley y divorciados de las normas que rigen al buen sentido político.

El ejercicio abusivo de ese poder, el desprecio a la división de los órganos fundamentales del Estado , el desacato a los fallos pronunciados por la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, el uso de militares para limitar las libertades individuales e ignorar los derechos humanos de la ciudadanía y la más grave violación del recinto parlamentario del 9 de febrero de este año, parecen basarse, únicamente, en una Fuerza Armada sometida a la voluntad del presidente de la República, más no a la lealtad que le liga a la República misma, como instrumento de la defensa de la Constitución a la que debe su existencia y su razón de ser.

Otros factores de la crisis son el dinamismo de esta para ir generando nuevos problemas de creciente gravedad, tales como la prolongación del confinamiento obligatorio, la paralización de la economía que reduce la recaudación fiscal, obliga al endeudamiento del país a niveles insostenibles y genera desempleo masivo. Todo ello apunta a la posibilidad de la exasperación popular, seguida por la desobediencia civil y de un estallido social de insospechada magnitud que hace pensar en el uso, ya tradicional en Iberoamérica, del Ejército, para frenar a las masas.

El ciudadano corriente se pregunta si el gobierno tiene soluciones a los problemas que él mismo ha generado, pero se encuentra con la angustiosa respuesta de que no hay un plan de contingencia, no hay una estrategia para corregir rumbo, no hay alternativas viables al mediano y corto plazo. Sólo hay un vacío en el que. en una caída vertiginosa, el gobierno agita brazos y piernas tratando de detenerla mediante medidas improvisadas, apagafuegos según se van presentando las circunstancias. En resumen: no hay un plan de nación; no hay voluntad de diseñar uno en forma conjunta y armónica con los sectores democráticos del país.

Este desorden del mando político, en algún momento entrará en pugna, si no es que ya comienzan a percibirse disensiones dentro de ese círculo de poder, es por ello que se está viendo cómo algunos funcionarios de alto nivel están por abandonar la seguridad de Casa Presidencial para ser candidatos a diputados y alcaldes con la posibilidad de no resultar electos y quedar en el aire. Signos estos no de fortaleza, sino debilidad en la estructura de poder del gobierno.

¿Qué queda por hacer, entonces, dentro de esta crisis que ha dejado de ser sólo un problema sanitario, para convertirse en un pandemónium político provocado por la persistente incoherencia y cerrazón del gobierno?

La respuesta podría ser lo que algunos abogados constitucionalistas y otros profesionales médicos, como el Dr. Miguel Fortín Magaña, han revelado estar estudiando como posibilidad, la de iniciar un proceso constitucional, ante la Asamblea Legislativa, para aplicar la letra del Artículo 201 de la Carta Magna: “Declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la incapacidad física o mental del Presidente, del Vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea”; algo así como hizo el congreso ecuatoriano en 1997, cuando declaró mentalmente incapaz de gobernar al entonces presidente de la República, de origen libanés, Abdalah Bucaram.

Pero sin que sea necesario llegar a ese extremo, está la inmediata intervención del liderazgo de la derecha democrática integrada por el sector productivo, por la intelectualidad académica, las asociaciones de profesionales, las gremiales independientes de trabajadores, de empresarios y, si se quiere, también de las entidades confesionales que ahora deberán enfrentarse a la enseñanza intensivade doctrinas ajenas a nuestra tradición judeo-cristiana.