Entre las 84 personas prontas a asumir funciones se encuentran rostros nuevos y quienes tienen experiencia en la vida política. Independientemente de sus antecedentes y experiencia, todas enfrentarán el desafío de legislar en un país con grandes problemas estructurales en materia económica, fiscal, social, ambiental, migratoria y de seguridad, por mencionar algunos. Ante ello resulta clave que la nueva legislatura evite cometer los errores de sus antecesoras y ayuden a fortalecer la construcción de un Estado democrático.
En primer lugar, los diputados y diputadas deben recordar que su mandato constitucional es representar al pueblo entero y legislar en su favor, y respetando la independencia respecto a los otros poderes del Estado. Los votos, a favor o en contra de una iniciativa de ley o en una elección de autoridades de segundo grado, debe obedecer a su impacto en el bienestar de la población o en la institucionalidad pública, no al interés de grupos o personas particulares, incluyendo al propio presidente de la República. La nueva configuración de la Asamblea evidencia cómo el no respetar ese mandato les pasó factura a legisladores anteriores quienes, en su gran mayoría, este año no lograron la reelección.
La falta de transparencia y la débil rendición de cuentas del Legislativo es un error que se debe enmendar en esta legislatura. Esto incluye no solo la gestión de los recursos asignados en el presupuesto institucional, que en ocasiones anteriores se han perdido en la contratación de asesores, pago de viáticos o la adquisición de seguros privados para funcionarios; sino también, la transparencia en los procesos de toma de decisiones, para que no se repitan casos en los que bancadas completas seguían instrucciones de personas que ni siquiera ostentan un cargo de elección popular.
En el ejercicio de representación de la voluntad popular, quienes integren la nueva Asamblea Legislativa deben evitar presentar iniciativas de ley que, aunque con nombres rimbombantes y objetivos bien intencionadas, al carecer de sustento técnico únicamente profundizarán los problemas del país. En este mismo sentido, es importante que en el debate legislativo prevalezcan los argumentos técnicos que permitan contar con un marco legal funcional que de respuesta a las necesidades sentidas de la población.
Una deuda histórica pendiente en el seno de la Asamblea Legislativa ha sido la institucionalización de la participación de las diferentes manifestaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en los debates de las diferentes iniciativas de ley; la apertura de estos espacios depende de la conformación de la comisión legislativa correspondiente y del interés en abrir el debate al público. Hay casos como el de la Comisión Especial del Presupuesto en la que desde hace un par de años se comenzaron a crear espacios de participación, ojalá que estos y otras prácticas similares sean institucionalizadas por la nueva legislatura, permitiendo democratizar y enriquecer, aún más el debate legislativo.
Las necesidades y problemas sobre los que se debe legislar en nuestro país son muchos, sin embargo, una legislatura que aspire a ser diferente debe priorizar la discusión y aprobación de iniciativas de ley vinculadas directamente con la garantía y protección de los derechos humanos, incluyendo el derecho al agua y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Legislar no es un juego, cada voto de un diputado o diputada se transformará en leyes que nos acercarán o alejarán más a un país democrático y a un Estado capaz de garantizar los derechos de la población. Ojalá la nueva legislatura tenga claro su mandato constitucional, y la capacidad y voluntad para actuar consecuentemente.