Admiten pruebas en contra de exalcalde de Santa Tecla, Roberto d'Aubuisson y grupo familiar acusados de enriquecimiento ilícito

Lunes 11, Noviembre 2024 - 3:11 PM
Roberto d'Aubuisson fue alcalde de Santa Tecla por el partido Arena en el periodo 2015-2018 y 2018-2021.

En total, al exalcalde d'Aubuisson Munguía y su grupo familiar se les demanda por un total de $992,699.52 dólares.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió este lunes en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d'Aubuisson y su grupo familiar, acusados de enriquecimiento ilícito por más de $992 millones. De acuerdo con la Fiscalía, en la audiencia probatoria se validó la documentación presentada en contra del exfuncionario José Roberto d'Aubuisson Munguía, quien se desempeñó como dipùtado de la Asamblea Legislativa en el periodo del 2012 y 2015 y como alcalde municipal de Santa Tecla, en el periodo de 2015 a 2021. "Hemos escuchado que se han admitido todos los medios de prueba, tanto documental como pericial, se han admitido los 61 puntos de pericia que esta representación fiscal solicitó a efecto de determinar a cuánto ascienden el crecimiento patrimonial del exfuncionario público; su cónyuge, Jackeline de d'Aubuisson; su hija, Johanna d'Aubuisson y su hijo Roberto d'Aubuisson” Al exfuncionario se le atribuyen 26 irregularidades en depósitos a cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito que suman un total de $450,851.01 dólares. Además, se procesa a su esposa Jackeline Janet López d'Aubuisson, a quien se le señalan 24 irregularidades por un monto de $513,428.64. De igual forma, a su hija Johanna d'Aubuisson, acusada de ocho irregularidades que suman $12,939.87 dólares. Finalmente, su hijo Roberto José d'Aubisson López, por tres irregularidades de $15,480.00. En total, al exalcalde d'Aubuisson Munguía y su grupo familiar se les demanda por $992,699.52. La Cámara Ambiental de Santa Tecla también admitió la solicitud de la Fiscalía para hacer un análisis de los documentos contables de los imputados. "La FGR buscará que el monto total sea reintegrado al Estado y que además, pretende que se inhabilite al exfuncionario para ejercer cualquier cargo público”, indicó el ente fiscal.