Aprueban Ley Anticorrupción: NI envía saludos a quienes "andan" en el exterior, oposición pide investigar casos CICIES

Con 59 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este viernes una Ley Anticorrupción que crea un sistema y un centro anticorrupción que sería dirigido por la Fiscalía General de la República (FGR) y le da acceso directo en tiempo real a información de todas las instituciones parte del sistema. A favor de la normativa votaron los diputados de Nuevas Ideas, PCN, PDC y Arena. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, se abstuvo. La ley obligará a los funcionarios y empleados públicos a declarar sus activos o bienes que posean, además de sus pasivos, todas sus deudas, al Ministerio de Hacienda. Estos "informes de activos y pasivos" serán declarados cada año a partir de 2025 y serán publicados por Hacienda, luego de 15 días de ser presentados. La nueva obligación no suprime la obligación ya existente de los funcionarios y empleados públicos de declarar patrimonio ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, establecida en la "Ley sobre el enriquecimiento ilícito", que está vigente desde el año 1959 en que se aprobó. Actualmente, las declaraciones patrimoniales de Probidad no son públicas y en 2021 en Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) cerró acceso a las adendas patrimoniales de los funcionarios. Con la Ley Anticorrupción, la Corte de Cuentas de la República remitirá todos "los informes de auditorías con hallazgos y observaciones" a la Fiscalía General de la República, así como toda la información que le requiera la Fiscalía. También establece la "obligación" de toda persona de denunciar contra empleados y funcionarios "contra quien tenga pruebas" de delitos de corrupción. La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, exhortó al gobierno a quitar la reserva de información pública relacionadas a denuncias de corrupción en el actual gobierno y recriminó la eliminación de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (Cicies) en junio de 2021, así como la mención de funcionarios en la Lista Engel. La legisladora reclamó también la creación de esquemas de contrataciones públicas para que las sociedades anónimas puedan ser contratistas del Estado sin que sus integrantes sean conocidos públicamente, ejemplificó la Constructora El Salvador, S.A. de C.V., cuyos "accionistas son un secreto". El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, aseguró que en los anteriores gobiernos nunca hubieran aprobado una ley similar. "La guerra contra la corrupción ha dado un paso fuerte, un paso bastante grande, eso es lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones, ese es mi compromiso", dijo el diputado cian. El legislador opositor, Francisco Lira, también pidió levantar la restricción en el acceso a la información pública que tienen todas las instituciones del Estado y opinó que el problema no es de falta de leyes. La diputada Marcela Villatoro, de Arena, recordó que la aprobación de la ley obedece al acuerdo entre el gobierno para un financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $1,000 millones, así como se desactivó "prácticamente" la Ley Bitcoin. Villatoro celebró que se investigue el delito de "tráfico de influencias", incluido en la reforma al Código Penal, ya que "durante la pandemia, se dieron casos de personas, miembros del gobierno, que obtuvieron contratos para beneficio propio. Estas personas deberían comenzar a ser procesadas". Añadió que nueva Ley Anticorrupción también habla del "nepotismo". "Eso quiere decir que las personas que se pongan a contratar a sus amigos, maquillistas, amigos que no tienen años en la cosa pública, modelos, cantantes, no podrían ser contratados en las instituciones de Gobierno, por lo tanto, también deberían seguir el proceso que dice esta Ley Anticorrupción", añadió. La legisladora aseguró que un funcionario del actual gobierno "no tenía ni para hacerle aceite al carro" y "de repente dueños de talleres en Santa Elena y hoy desaparecido". Pidió que, en el futuro, no se hagan excepciones en la publicación de los informes de activos y pasivos que deberán presentar los funcionarios. Posteriormente, el diputado Caleb Navarro, sujeto de fracción de Nuevas Ideas, aseguró que no están discutiendo la reforma al Código Penal.