La CIDH en sus observaciones finales concluyó que El Salvador criminaliza el aborto y los eximientes penales no funcionan.
Las organizaciones colitigantes en el caso Beatriz y demandantes pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que repare a la familia de Beatriz por las violaciones sufridas, durante su segundo embarazo, al no permitir interrumpirlo, y que genere condiciones jurídicas para acceder a servicios de aborto, según lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, en El Salvador.
"Para garantizar la efectividad y pronto cumplimiento de tal medida, solicitamos a la Corte, disponga de manera expresa en su sentencia que la penalización del aborto, al menos en los casos mencionados, no tiene efecto jurídico en El Salvador, por ser contraria a la Convención Americana y, por tanto, no puede constituir un impedimento del ejercicio a la vida, a la salud integral y a la integridad de las mujeres gestantes y se debe entender que el aborto en dichos casos es permitido y debe ser garantizado” , pidió la abogada Irma Lima de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, de El Salvador.
En sus alegatos también pidieron a los jueces que ordenen al Estado salvadoreño adoptar leyes y políticas públicas "integrales para garantizar que el acceso al aborto sea efectivo en la práctica”, además, que El Salvador elabore guías clínicas que asegure métodos de diagnóstico y tratamientos en caso que se requiera practicar un aborto.
Las demandantes, una serie de organizaciones en defensa de derechos de las mujeres, afirmaron que Beatriz sufrió vulneraciones al derecho a la vida, a la salud, y que estuvo en un "inminente riesgo”.
"Hoy, las mujeres como Beatriz tienen solo dos alternativas en El Salvador, la cárcel o el cementerio. Su familia lleva 10 años esperando una reparación justa y no ha cesado de repetir la demanda primordial de Beatriz: que ninguna otra mujer tenga que sufrir la crueldad, la incertidumbre y tortura que ella vivió”, añadió Lima.
La representante de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador, Morena Herrera, también expuso a la Corte que no se puede dejar de lado las desigualdades sociales en las que viven las niñas y mujeres en El Salvador, cuyo único acceso a la salud son los hospitales públicos y clínicas comunitarias.
CIDH.
Las representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla y Tania Renaum, relataron en sus observaciones finales que en El Salvador existe una criminalización del aborto y responsabilidad estatal en el caso de Beatriz.
"La conducta del aborto está claramente tipificada como un delito, una eximente responsabilidad jurídico penal no hace que un delito deje de serlo, hace que las mujeres y el personal médico que lo practica puedan ser denunciados y tenga que someterse a un proceso penal para demostrar la procedencia de un eximente”, sostuvo la CIDH.
El informe concluyo en reconocer que existe un debate alrededor del aborto, pero que la prohibición absoluta de esta práctica consentida "se traduce en sus expresiones más intensas al sometimiento de las mujeres a la interrupción del embarazo en condiciones clandestinas y peligrosas, no solo con la consecuente pérdida del feto, sino de la generación de lesiones y muertes maternas”.
El dato
La audiencia se realizó en San José, Costa Rica, sede de la Corte IDH donde se concentraron grupos proaborto y antiaborto.
Archivo
¿Quién era Beatriz?
La joven Beatriz, de 22 años de edad, vivía en una condición de pobreza. Originaria de La Noria, Jiquilisco, Usulután, era madre de un niño y tenía Lupus Eritematoso Sistémico (LES), una enfermedad crónica autoinmune que, en la práctica es el mismo sistema inmunitario quien ataca al cuerpo y los tejidos.
En 2013,al enterarse que estaba nuevamente embarazada, en riesgo por su enfermedad y que el bebé que esperaba no sobreviviría afuera de su útero porque era enancefálico, los médicos del hospital local recomendaron que clínicamente lo ideal sería suspender el embarazo, sin embargo, la ley en El Salvador prohíbe el aborto y castiga con cárcel esta práctica.
Con apoyo de organizaciones feministas, Beatriz presentó un amparo ante la Sala de lo Constitucional y su espera por una respuesta tardó 81 días. Mientras eso ocurría, también pidieron medidas ante la Corte Interamericana. La Sala resolvió no ha lugar al amparo, dejó la resolución en manos de los médicos y procurar salvar las dos vidas. Luego la Corte Interamericana emitió las medidas cautelares.
A las 26 semanas, a Beatriz le practicaron una cesárea y una histerectomía; pasó cinco días en UCI. Su bebé murió a las 5 horas.
En 2017, Beatriz tuvo un accidente, fue hospitalizada y se contagió de neumonía, debido a su débil estado de salud, y murió debido a esa causa.