EEUU cuestiona efectividad de Corte Constitucional y fiscal guatemalteca

El subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, señaló que la nueva Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un "tribunal cuestionable" y lamentó que la fiscal general, Consuelo Porras, trate de "minimizar las investigaciones sobre corrupción", lo que contribuye a "perpetuar el historial de problemas" que atraviesa el país."El nuevo tribunal constitucional es un tribunal cuestionable, y la fiscal general, Consuelo Porras, minimiza las investigaciones creíbles contra la corrupción", manifestó durante una rueda de prensa en la que haló de la lucha contra la corrupción y los acuerdos alcanzados en la Cumbre por la Democracia celebrada la semana pasada.Para el alto cargo estadounidense, los sucesivos gobiernos guatemaltecos acumularon un "historial de profundos desafíos que se agudizaron debido a la corrupción". Además, citó la destitución por parte de Porras del que fuera el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, como muestra de la "falta de compromiso en la lucha contra la corrupción".Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, expuso que aún considera a Guatemala como un país amigo y aliado "en muchos temas". Sin embargo, reconoció que existen "grandes preocupaciones" porque la lucha contra la corrupción no ha dado los resultados "que nos gustaría ver", entre ellos "casos concretos contra personas e instituciones corruptas en el país".Nichols también abordó así la Fuerza de Tarea Anticorrupción, creada este año para investigar prácticas corruptas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, asegurando que los oficiales que forman parte de ella "van a hacer más" en los próximos meses, según medios locales."Ellos acaban de empezar a trabajar y estamos pendientes de acciones más contundentes", destacó Nichols al ser preguntado por la poca información que ha emanado de dicha Fuerza de Tarea. Cuando fue anunciada su creación en marzo, Estados Unidos indicó que uno de los componentes incluiría incrementar el número de asesores legales residentes que capaciten y formen a personal del Ministerio Público de Guatemala, incluida la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para fundamentar las causas de corrupción.Pero con la salida de Sandoval de la entidad, el Gobierno anunció la congelación de ayuda para el Ministerio Público. Para Nichols, la corrupción "menoscaba las oportunidades económicas, atenta contra los Derechos Humanos y limita la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas".