Los datos estadísticos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que al menos el 90 % de los menores de edad detenidos durante el régimen de excepción, ya fueron condenados.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que de los 1,194 menores de edad detenidos en casi dos años de régimen, al menos 1,065 ya fueron condenados bajo las reformas a la Ley Penal Juvenil, es decir, el 90 % de estos.
"Solo en lo que llevamos del régimen de excepción, y dentro de estos meses, entre la Policía y la Fuerza Armada se han ubicado a más de 1,194 menores”, manifestó el ministro ayer en una conferencia de prensa.
Villatoro añadió que todos los apresados y condenados tienen edades entre los 12 y 18 años de edad, que fueron procesados y recibieron internamiento por el delito de agrupaciones ilícitas.
Chalatenango.
Esta semana, la Policía Nacional Civil informó sobre la detención de seis adolescentes de 12 a 16 años en Chalatenango, luego de haber sido denunciados "por la población”, al localizarlos en redes sociales haciendo señales alusivas a la pandilla MS-13.
El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, ejemplificó con las capturas de seis menores de edad en un centro escolar del departamento de Chalatenango, y que estos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para ser procesados por agrupaciones ilícitas, bajo las reformas penales aprobadas por la actual legislatura.
El gabinete de Seguridad advirtió que los detenidos deberán terminar sus estudios en el centro de internamiento.
Reformas a Ley Penal Juvenil.
En marzo del 2022, la Asamblea Legislativa hizo una reforma a la Ley Penal Juvenil para establecer que un menor de edad podrá ser condenado a penas de cárcel hasta de 20 años, antes la ley establecía un pena de 7 a 15 años de cárcel, por delitos de homicidio agravado, extorsión, secuestro, violación, agresión sexual, robo agravado.
La reforma establece que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión a los menores con 16 años cumplidos, y hasta 10 años de prisión cuando un menor haya cumplido 12 años.
Llamado a padres
El gabinete de Seguridad hizo un llamado ayer a los padres de familia de niños y adolescentes para que revisen el contenido que sus hijos consumen en redes sociales, tras la detención de seis menores de edad en Chalatenango, por agrupaciones ilícitas.
"Como padres nos toca supervisar lo que nuestros hijos hacen en las escuelas, pero sobre todo estar muy atentos de esos ‘chats’ que tienen entre sus amigos, de esas redes sociales que abren, porque precisamente a ese tipo de eventos, de publicaciones es que nosotros nos advertimos y nos ponemos manos a la obra”, indicó el ministro de Justicia y Seguridad.
Por su parte, el director de la Policía Nacional Civiltambién se sumó al llamado a los padres de familia de adolescentes, explicando que en los "patrullajes digitales” observan los contenidos que comparten menores y adultos. "Estamos observando a aquellos que están haciendo señas o insinuaciones para seguir fomentando las diferentes estructuras criminales. Recordemos en El Salvador, las maras o pandillas están proscritas y tenemos todas las herramientas legales para poder identificar y poder argumentar con los criterios técnicos de quién es pandillero y quien no es pandillero”, añadió Arriaza.
Univef
Cuestionamiento.
En marzo del año 2022, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), junto con el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, el Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe, expresó que el encarcelamiento de menores de edad no resuelve el problema de la violencia de pandillas en El Salvador.
"La violencia de pandillas (maras) es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen. Sin embargo, encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución”, dijeron en un pronunciamiento conjunto.
Unicef adviertió que ninguna de las medidas, tomadas en la reforma a la Ley Penal Juvenil, se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte, porque la detención es el último recurso.