El Salvador cumple dos años bajo régimen de excepción

Hoy, 27 de marzo, El Salvador cumple dos años bajo régimen de excepción, una medida aprobada luego de una matanza de 87 personas en tres días previos, 25, 26 y 27 de marzo de 2022, provocada como un intento de extorsión al gobierno por parte de las pandillas. A la fecha, el gobierno informó que han capturado a 78,175 presuntos pandilleros y colaboradores. Organizaciones sociales señalan que hay más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos, la mayoría capturas arbitrarias, torturas y 180 muertes de detenidos bajo custodia estatal. La Asamblea Legislativa, dominada por la bancada cian, ha aprobado mes a mes hasta la vigésima tercera prórroga del régimen de excepción. En la última aprobación, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, reiteró que el régimen seguirá hasta capturar al último pandillero. "Sí, es importante. Nosotros vemos en las noticias de todos los medios de comunicación, en donde todos los días se están capturando pandilleros, hay pandilleros que están escondidos, otros que se quieren reactivar, otros que incluso están llegando a las escuelas, otros que están queriendo extorsionar, así que todavía es necesario" el régimen de excepción, dijo el presidente del Legislativo el 8 de marzo. La 24a. prórroga de la medida excepcional fue aprobada con 67 votos y finaliza el 10 de abril de 2024. Los diputados de Nuevas Ideas insistieron en esa plenaria que lo seguirán prolongando hasta que sea necesario. De acuerdo a datos reportados por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al Consejo de Ministros, según la solicitud, el régimen de excepción ha permitido "la captura de más de 78,175 terroristas”. Esta prórroga, igual que desde el inicio, mantiene suspendidos los derechos constitucionales establecidos en los artículos 12 inciso 2º, 13 inciso 2º y 24 de la Constitución de la República para el "restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial”. Las garantías suspendidas permiten al Estado intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, prolongar la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días y no informar sobre razones de capturas o restringir el derecho de defensa del detenido.