El Salvador no cumple algún artículo de dos capítulos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) según el estudio presentado el miércoles por la Fundación Nacional por el Desarrollo (Funde).
De 17 ítems de la Convención relacionados a la prevención de la corrupción y recuperación de activos, solo 4 son "aplicados parcialmente” y 13 "no aplicados”, concluyendo en todos los indicadores "un pobre” estado de "aplicación y cumplimiento”.
El informe fue financiado por la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (Norad) y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca (Danida) con apoyo financiero técnico del proyecto Pro Integridad Pública de Tetra Tech (Usaid).
El balance.
Para evaluar el cumplimiento, Funde usó una plantilla diseñada por la UNCAC Coalition, coalición global de sociedad civil que promueve la aplicación de la Convención.
Algunos artículos "no aplicados” se refieren a prácticas de prevención de corrupción, empleo en el sector público, financiación política, mecanismos de denuncia, contratación pública, poder judicial, transparencia del sector privado, medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Los aplicados parcialmente son: órganos de prevención contra la corrupción, códigos de conducta, gestión de la hacienda pública, acceso a la información y participación. De nueve instituciones, ocho presentaron un desempeño "pobre” en relación a las responsabilidades evaluadas.
De acuerdo a Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) de Funde, explicó si bien hay una normativa que crea y faculta a instituciones para combatir la corrupción, están "secuestradas por el poder de turno” y se han "autodespojado de sus atribuciones”.
Puso como ejemplos el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que pasó de favorecer las demandas de información de ciudadanos en un 60-70 % a un 20 %, así como recordó que la información patrimonial de funcionarios es reservada.
Mencionó que hay una Sala de lo Constitucional que se "rehusa” a dirimir demandas de habeas corpus que ciudadanos les presentan. Detalló que el IAIP reservó la información patrimonial de los funcionarios.
"No solo hay que tener la normativa, los órganos y las instituciones vigentes, sino realmente aplicarla la ley como la Convención lo manda”, dijo. Las propuestas.
El informe de Funde sugiere fortalecer los procesos de elección de funcionarios, implementar una política de prevención de la corrupción, garantizar la sanción ante el incumplimiento de la Ley de Partidos Políticos e incluir en la supervisión el uso de criptomonedas en el financiamiento de partidos políticos.
Así mismo, exigir la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y transparentar datos para evaluar el cumplimiento de compromisos internacionales contra el lavado de dinero.
Convención anticorrupción: evaluación a El Salvador
El objetivo del estudio de Funde es aportar a la evaluación que se realiza a El Salvador sobre cuánto cumple la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Prevención contra la corrupción
Funde dice que el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la Corte de Cuentas tienen mecanismos de recepción de denuncias; y el Consejo Nacional de la Judicatura, el TEG y el Instituto de Acceso a la Información (IAIP) han realizado actividades de prevención, pero critica que se reservó la información de la Secretaría de Auditoría de la Presidencia.
Empleo en el sector público
Instituciones como CCR, CSJ, Fiscalía, Procuraduría, TEG, IAIP y Tribunal Supremo Electoral (TSE) tienen manuales de talento humano y de puestos, pero no se ha aprobado la Ley de Función Pública, por lo que no se garantiza la gestión de ascenso, traslados o sanciones bajo criterios objetivos.
Financiación política
Funde critica que la información de donantes de los partidos políticos dispuesta por el TSE se encuentra incompleta y desfasada (2014 y 2015). Sugiere supervisar donaciones en criptomonedas a partidos políticos.
Lavado de dinero
Funde señala que El Salvador cuenta con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pero en abril de 2022 el país salió del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Cafic) para ingresar al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Además, critica que la información estadística ha sido totalmente reservada.
Recuperación de bienes
Funde critica que el marco salvadoreño no prevé la posibilidades de que otros Estados parte de la Convención se presenten ante la jurisdicción salvadoreña a solicitar la recuperación de bienes, ni a reclamar una indemnización o daños.