Gobierno de Trump afronta batalla en los tribunales por envío de los del Tren de Aragua a El Salvador

El gobierno del presidente Donald Trump desmintió este lunes ante un juez haber desafiado una orden que prohibía expulsar a supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua bajo una ley de guerra de 1798. Un juez federal celebró una audiencia para aclarar si la administración estadounidense ignoró deliberadamente sus órdenes al trasladar a más de 200 migrantes a El Salvador, país al que ha pagado para encarcelar a los deportados. Los abogados del Departamento de Justicia dijeron al juez James Boasberg que los expulsados ya habían salido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía, según los medios de comunicación estadounidenses. También argumentan que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense. El Departamento de Justicia intentó cancelar la audiencia, esgrimiendo que el caso interfiere con "la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores". Cuando Boasberg dijo que seguiría adelante, los abogados del gobierno presentaron una moción ante un tribunal de apelaciones para intentar que el juez sea apartado del caso. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a periodistas que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, se justifica porque Trump ha declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista global. De los más de 200 migrantes expulsados en la operación, 137 "fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla M-13, detalló Leavitt. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió "ups ... Demasiado tarde" en las redes sociales el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez. Bukele informó de la llegada al país centroamericano de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y su traslado al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). El lunes en la noche, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a la ONU mecanismos de protección para los venezolanos enviados a esa prisión de máxima seguridad, que Bukele abrió hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas. "Yo estoy firmando hoy una serie de comunicaciones para el Secretario General de Naciones Unidas (António Guterres), para el alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk" y "distintos organismos" para que "los mecanismos de derechos humanos se activen en la protección de venezolanos y venezolanas", aseguró. "Estos migrantes venezolanos, que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas (...), que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa", sostuvo.

"Ilegales"

Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que se use como excusa para deportaciones masivas sin un debido proceso. En declaraciones a Fox News Radio, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó que todos los migrantes enviados a El Salvador son "criminales" de MS-13 buscados en su país de origen o venezolanos que forman parte del Tren de Aragua. "Yo diría que cada una de las personas que se encontraban en ese avión estaba en el país ilegalmente, de una forma u otra", añadió. La Ley de Enemigos Extranjeros solo se invocó durante la Guerra de 1812, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Trump reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye. Su gobierno parece dispuesto a librar una batalla legal que posiblemente termine en la Corte Suprema, de mayoría conservadora. Los movimientos del republicano para acumular poder en el ejecutivo han suscitado cada vez más temores de que desafíe al poder judicial, alterando o al menos reinterpretando el equilibrio constitucional de poderes en Estados Unidos.