Juzgado espera informe de IML sobre de enfermedades de Catalino Miranda

El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria para la Ejecución de la Pena de San Salvador decretó en receso una audiencia humanitaria que se instaló ayer en favor del empresario de transporte público, Catalino Miranda, a espera de un informe del Instituto de Medicina Legal sobre la salud del condenado. Según manifestaron los abogados defensores, ya hay un informe del Instituto de Medicina Legal y buscan incorporarlos al desarrollo de la audiencia, que continuará el 27 de septiembre. "Continuaremos la audiencia el 27 de septiembre...Hay un informe de Medicina Legal, estamos esperando eso para continuar ya con el procedimiento de libertad de nuestro representado, que es inocente, y al final se va a lograr su libertad”, informó el abogado defensor, Milton Melciades. El defensor añadió que en otro juzgado ya hay un orden con fecha 28 de agosto para que el empresario sea sacado del Penal La Esperanza, mejor conocido como "Mariona”, y sea llevado a un centro asistencial, pero que hasta la fecha no se ha cumplido. "La salud de don Catalino está mal, tiene un estado de salud bastante crítico, ya el juzgado ordenó que se traslade a un centro asistencial para que se recupere, porque está en peligro su vida”, aseguró Melciades. Recientemente, Catalino Miranda estuvo ingresado en el Hospital Nacional Rosales, donde fue intervenido quirúrgicamente por una complicación en la próstata. Miranda permaneció detenido desde el 15 de julio hasta principios de agosto. El abogado dijo a Diario El Mundo que actualmente está en el "hospitalito de Mariona”, que ya no está en celdas, debido a su complicada situación de salud. Mencionó que es atendido por el médico Salvador Hirezi, el exalcalde de Zacatecoluca que también está cumpliendo condena en el mismo penal. Catalino Miranda cumple una pena de tres años de cárcel que fue impuesta el pasado 19 de mayo por el Tribunal Tercero de Sentencia, en un juicio abreviado dónde confesó haber cometido los delitos de venta a precio superior y desórdenes públicos, caso por el que se está pidiendo el anticipo de libertad.