La oscuridad del poder

Este año conmemoramos el bicentenario de la independencia de España, marco propicio para rememorar los orígenes constitucionales del país, sobre todo a la luz del golpe de estado consumado con la destitución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la mayoría gubernamental en la legislatura. Esta operación inició con el frustrado golpe de estado legislativo del 9F del año anterior, culminando esta primera etapa a la media noche del primero de mayo con el control total de los tres poderes del Estado. Una asonada que sacude, una vez más, a nuestro endeble Estado obligándonos a profundizar el conocimiento sobre nuestra historia para no repetir los tropiezos.Fue un 14 de marzo de 1824 cuando se instaló por primera vez en la ciudad de San Salvador el primer Congreso Constituyente, siendo El Salvador un Estado miembro de la República Federal de Centro América. Aquel magno esfuerzo identitario estuvo presidido por el Dr. José Mariano Calderón que en tiempo récord entregaría el decreto de la primera Constitución un 12 de junio de 1824, instrumento que con mucha fe y esperanza recogería buena parte de las corrientes del derecho constitucional de Estados Unidos y Francia. Aquel decreto fue sancionado inmediatamente por el entonces presidente de la República Juan Manuel Rodríguez, convirtiéndose en la primera constitución de un Estado en Centroamérica.Nuestro país fue regido por tres constituciones federales en distintas etapas de la unidad Centroamericana. En 1841, tras el fracaso por la disolución de la República Federal de Centroamérica, con el común acuerdo de constituirse del modo que más les pareciera conveniente, se establece El Salvador como Estado independiente, desde entonces trece diferentes constituciones nacionales han regido la vida, marcadas todas ellas por una intensa lucha política y social para establecer las normas de convivencia. Mientras en otras naciones, con fuerte tradición democrática y fortaleza institucional, sus cambios constitucionales han sido una rareza, nosotros cargamos con varias.En este momento muchos países buscan como asegurar la ruta y el puerto de llegada al progreso y prosperidad, nosotros estamos sumidos en el laberinto de una nueva crisis institucional que aleja las posibilidades de lograr una mediana recuperación económica y social ante los graves efectos de la pandemia, alejando las posibilidades de dar respuesta a la demanda de solución a graves problemas estructurales y décadas de subdesarrollo acumulado que empujan a un mayor éxodo migratorio. Por lo tanto, el golpe de Estado del 1M y la creciente concentración de poder absoluto cierran el poco espacio internacional del régimen: Bukele, por su autoritarismo, está perdiendo buena parte de la legitimidad ganada en las urnas, abriendo un peligroso escenario de inestabilidad para la gobernabilidad.Racionalmente el común de la sociedad esperaba de la primera sesión legislativa ver concentrada la poderosa bancada gubernamental en desmontar el supuesto desbloqueo al financiamiento de sus proyectos, aprobando empréstitos y recursos para empezar a trabajar; sin embargo, ha sido la sed de venganza de Bukele la que terminó segando la posibilidad de estructurar y presentar tan siquiera una agenda legislativa a la plenaria, desahogó sus bajos instintos en cobrar y hacer pagar caro su inconformidad por las sentencias de la Sala de lo Constitucional, aplastando así con desmedida soberbia su independencia y falta de sometimiento al poder presidencial. Hubo, un juicio sumario sin procedimiento legislativo, sin causas acreditadas, sin un debido proceso legal, sin garantías de audiencia y defensa.El régimen impuso a la cabeza en la Corte Suprema de Justicia a un grupo de usurpadores que conocen la arbitrariedad, su elección está fuera de toda norma legal, no hubo procedimiento previo para conocer sus currículum y menos realizar entrevistas públicas para establecer la idoneidad y capacidades, tampoco tuvo ninguna participación el Concejo Nacional de la Judicatura ni la FEDAESEsta maniobra elimina los pesos y contrapesos alterando la expectativa de avanzar al funcionamiento democrático comprometido en los Acuerdos de Paz. Cabe preguntarse si esta acción es una operación para blindar al régimen impidiendo la investigación por los presuntos y abultados casos de corrupción, o para facilitar la persecución impune de quienes consideran enemigos políticos, o simplemente para asegurarse el camino de la reelección –quizás, todas juntas-. Bukele arrastró a los nuevos diputados a una burda ilegalidad y ellos no son Bukele, por lo tanto, más temprano que tarde tendrán que asumir las consecuencias de lo hecho.