Sociedad civil, jueces y magistrados destituidos el 1 de mayo demandan al Estado ante la CIDH

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituidos el 1 de mayo presentaron una demanda en contra del Estado de El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su remoción y sustitución aprobada por diputados de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.La organización Cristosal y el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) son los representantes de los jueces constitucionales que fueron destituidos el 1 de mayo, Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez y Marina de Jesús Marenco de Torrento.Junto a decenas de jueces, los representantes de las organizaciones brindaron una conferencia de prensa para informar la decisión, y no descartaron presentar una nueva demanda internacional por la reforma a la Ley de la Carrera Judicial, que amenaza con destituir a más de 170 jueces mayores de 60 años. A través de un comunicado publicado hoy, las organizaciones aseguran que la destitución de los magistrados fue un "golpe al sistema de frenos y contrapesos y la independencia de órganos", por lo que solicitan a la CIDH que emita medidas cautelares y, una vez resuelta la demanda, ordene la reinstalación de los cinco jueces. El documento remitido a la CIDH establece que la Asamblea aplicó una "destitución sumarísima" como sanción a los magistrados, por la supuesta comisión de infracciones "que no se encuentran tipificadas en ninguna ley formal salvadoreña".La Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), además, participó en una audiencia ante la CIDH en la que denunció verbalmente los "graves retrocesos a la independencia judicial" en El Salvador.

¿Por qué demandarán al Estado?

En la demanda, Cristosal y ALAC establecen que los diputados oficialistas "privaron a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de sus derechos sin respetar las garantías constitucionales más elementales".La noche del 1 de mayo, 64 diputados de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC aprobaron la destitución de los magistrados, señalándolos de violaciones a la Constitución de la República, por "vulnerar el derecho a la vida, la seguridad jurídica y legalidad".Esto, específicamente como respuesta a resoluciones de la Sala que ordenaron al Gobierno aprobar un Estado de Excepción y cuarentena únicamente en acuerdo con la Asamblea Legislativa ─en ese entonces de mayoría opositora─, y no a través de decretos ejecutivos. El nombramiento inmediato de otros cinco magistrados, según los organismos, "apunta a que se trató de una maniobra política maquinada por el oficialismo para tomar por asalto los órganos de control que no le eran genuflexos y así, colocar piezas afines". Los nuevos magistrados son Óscar López Jerez, exasesor del PDC y uno de los magistrados que exoneró al diputado Guillermo Gallegos de presunto enriquecimiento ilícito; Elsy Dueñas Lovos, exmagistrada de la Sala de lo Contencioso; José Ángel Pérez Chacón, exasesor del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; Luis Javier Suárez Magaña, exempleado de la SIGET, y Héctor Nahun Martínez García, defensor en el antejuicio del director de la Policía Nacional Civil (PNC).La demanda menciona también las acciones de altos mandos de la PNC, que escoltaron a los nuevos magistrados y al recién nombrado fiscal, Rodolfo Delgado, para ocupar las sedes de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la República. El presidente de la República, Nayib Bukele, ha reiterado en diversas ocasiones a organismos internacionales, cuerpo diplomático y a la minoría opositora que no ordenará la restitución de los magistrados de la Sala, a pesar de las peticiones específicas y rechazo de delegaciones de Estados Unidos, la Comisión Europea y organismos de derechos humanos.