Más de $102 millones recortados a los presupuestos electorales desde 2003
Lunes 20, Marzo 2023 - 3:40 AM
Legislativos han aprobado $380.7 millones para los 11 procesos electorales en El Salvador luego de recortes por más de $100 millones.
Un total de $102.8 millones han sido recortados de los presupuestos extraordinarios diseñados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) desde las elecciones municipales y legislativas del año 2003.
Un informe de la Iniciativa Votante, que hace un recuento de los recortes presupuestos para los procesos electorales, sostiene que los presupuestos solicitados por el TSE "siempre son recortados” por las instituciones que intervienen en su revisión pese a que la Constitución no lo permite.
El presupuesto solicitado que más ha sufrido recortes desde 2003 fue el presentado para las elecciones presidenciales de 2014, de $56.2 millones, ya que fue disminuido a $40 millones luego de una reducción de $16.2 millones.
Votante señala que, pese a que la Constitución indica que el Ministerio de Hacienda "sin modificaciones hará los trámites” para la aprobación de los presupuestos extraordinarios, Hacienda siempre los ha recortado.
Pese a que el TSE debería gozar de autonomía financiera según el artículo 208 de la Constitución, Votante afirma que "la autonomía financiera no es plena”, ya que el presupuesto ordinario del TSE y extraordinario electoral dependen de Hacienda y de la Asamblea Legislativa.
Esta red, conformada por Acción Ciudadana, Auprides, Creo, Fusades, Tracoda y el Centro de Fortalecimiento Democrático de la Universidad Capitán General Gerardo Barrios, señala que la autonomía financiera se limita cuando Hacienda puede modificar el presupuesto.
Esta dependencia, indica, tiene consecuencias "en los procesos electorales para legitimar el relevo de las nuevas autoridades públicas”, pues planes electorales pueden ser "modificados” según disponibilidad de fondos aprobados.
Votante sugiere estudiar una "asignación porcentual mínima” de ingresos corrientes del presupuesto estatal para poder asegurar la independencia del TSE, pero garantizando que la asignación está bajo el escrutinio público.