También contabilizan más de 4,000 casos de violaciones de derechos humanos en 5,082 personas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos registraron y documentaron 111 muertes de personas detenidas en centros penales durante un año de la implementación del régimen de excepción en El Salvador.
Las organizaciones Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Gentrica (AMATE), Cristosal, la Fundación de Estudios pare la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), aseguraron que entre las causas de las muertes están las razones cardíacas o enfermedades crónicas, también por signos de estrangulamiento, heridas en el abdomen y cabeza, además de quebraduras de costillas.
Pese a ver esos signos en los cuerpos de las víctimas, afirman que el Estado niega a los familiares la causa real de la muerte.
Así mismo, reprocharon que hasta la fecha no existen investigaciones independientes que busquen determinar las responsabilidades penales y los autores de las muertes bajo custodia del Estado.
"No hay claridad de las causas de las muertes, aunque la familia informe sobre una la causa específica, muchas de ellas son amenazadas o se les advierte que no abran el ataúd o que no pidan una revisión de los cuerpos, esos cuerpos no tienen una autopsia, por tanto, no hay forma para comprobar las causas de las muertes y por tanto, esa es una de las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo Verónica Reyna del SSPAS.
Otro conteo.
Por su parte, el Socorro Jurídico Humanitario El Salvador contabilizó 126 muertos en los penales hasta el 22 de marzo del 2023, durante el régimen de excepción, siendo los meses de mayo y junio del 2022, el mayor número de víctimas.
"De estos 126 casos conocidos, se determina que el 78 % (98 personas) murieron en el 2022 y el 22 % en lo que va del 2023 (28 personas)”, afirma la organización.
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El Socorro Jurídico añade que de las 126 muertes aproximadamente el 48 % fueron asesinadas estando en prisión bajo la custodia del Estado, un 32 % por negligencias de los encargados de los centros penales por no proporcionarles asistencia médica o medicamentos, de igual forma, un 2 % por enfermedad terminal como insuficiencia renal crónica o cáncer y un 19 % de los casos se desconoce la causa de la muerte.
"La situación dentro de las prisiones se volvió aún más grave, el hacinamiento y otras causas han permitido un descontrol de parte de las autoridades del sistema penitenciario, como resultado muchos internos han sido vapuleados por otros internos (por rencillas de pandilleros con reos no pandilleros, cuando los mezclaron); otros vapuleados por los mismos Custodios de los recintos por razones aún desconocidas, a otros se les complicó sus enfermedades y otros adquirieron graves enfermedades”, informó la organización en el informe anual de fallecidos por causa del régimen de excepción.
La mayoría de los fallecidos, según el informe, un 36 %habrían muerto entre los primeros 90 días de ser detenido, el 10 % mientras tenían entre 3 a 11 meses, y un 54 % no se logró determinar el tiempo que tenían en detención.
Violaciones a DDHH.
Las organizaciones también informaron que en un año de aplicación de régimen de excepción se han atendido 4,733 casos o denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes estatales, que se habrían cometido a unas 5,082 víctimas.
Todas las violaciones, según las organizaciones, fueron cometidas en un 74 % por la Policía Nacional Civil (PNC), un 16 % de forma conjunta con la corporación y la Fuerza Armada, un 6 % solo por la Fuerza Armada, y un 3 % por otros actores estatales. Los departamentos que más reportaron violaciones a derechos humanos son San Salvador, con un total de 1,897 víctimas; seguido de La Libertad, con 566; Sonsonate con un 462 víctimas; Usulután con 388; Santa Ana con 357; y Ahuachapán con un total de 280 víctimas.
Rina Montti, de Cristosal explicó que entre las violaciones a derechos humanos están las capturas arbitrarias que supera el 90% de la denuncias recibidas por las organizaciones. A través de un comunicado, FESPAD pidió la derogación del régimen de excepción y un debido proceso para los detenidos.