El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aumentó un 62 % el otorgamiento de permisos ambientales a actividades de los sectores agropecuario, saneamiento, construcción, energía, extracciones, industria, obras viales y materiales peligrosos, según su memoria de labores del último año.
La Unión Ecológica Salvadoreña (Unes) sostuvo ayer que "se debe corregir” la forma en que se brindan los permisos ambientales, dando criterios técnicos y científicos, junto a una política de gestión de riesgos en el país.
Miguel Ángel Urbina, miembro de la Unes, sugirió evaluar los impactos ambientales de las obras.
Mientras, Luis González, director de incidencia de la Unes, aseveró que parte de las necesidades medioambientales es que se implementen políticas orientadas a la gestión de riesgos ante eventos como las tormentas tropicales.
Inversión en el país.
Los permisos liberaron una inversión mayor a los $1,000 millones de dólares en diferentes sectores productivos en El Salvador.
Los sectores a los que más permisos se asignaron son: 739 a la construcción, que generó una inversión de $872.6 millones, 545 resoluciones al sector de materiales peligrosos con una inversión de $47.1 millones; y 79 permisos a la industria, que generó una inversión de $59.2 millones.
Según datos del MARN, entre 2020 y 2021, se emitieron 979 resoluciones de permisos ambientales, que en comparación al año anterior representa un alza de 62 %.
Piden trasladar familias en riesgo.
El director de incidencia de la Unes detalló que entre las medidas inmediatas necesarias está que, a través de las dependencias encargadas, el gobierno identifique las zonas de alto riesgo o sujetos a la vulnerabilidad.
Entre estas comunidades estarían los núcleos poblacionales que se ubican cerca de quebradas, ríos o riachuelos que constantemente se desbordan por las lluvias.
Sugiere, después, trasladar esas familias definitivamente a lugares y zonas que sean seguras y en las que no deban ser evacuadas cada invierno.
Sugieren campañas de reforestación.
Además, recomendó que las autoridades ubiquen las áreas de recarga hídrica y lancen campañas de reforestación para que los árboles cumplan con su función de infiltrar el agua que llueve y que eventualmente se convierten en suelos menos vulnerables para las familias.
Manifestó que los grandes complejos urbanísticos o carreteras que se construyen con los permisos ambientales concedidos causan la "impermeablidad” de los suelos, es decir, el agua de lluvia ya no es absorbida por la tierra sino que se desliza por las construcciones hasta llegar a comunidades y causar inundaciones.