Policía toma el control de la Corte Suprema y acuerpa a Sala electa por Nuevas Ideas

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y subcomisionados de la corporación policial se hicieron del control del edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para acuerpar e instalar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional recién nombrados por la Asamblea Legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas.Este 1 de mayo, la Asamblea instaló la primera sesión plenaria ordinaria y, como primera acción, aprobó un decreto para destituir a los magistrados del máximo tribunal salvadoreño, José Óscar Armando Pineda Navas, Aldo Enrique Cáder Camilot, Carlos Sergio Avilés Velásquez, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, y a la magistrada Marina de Jesús Marenco de Torrent.Minutos más tarde, la Sala emitió una resolución contra el decreto legislativo y declaró la medida como inconstitucional.El canal oficial de la Asamblea transmitió, a través de televisión abierta, la salida de los cinco abogados electos por la bancada oficialista del Salón Azul, en punto de las 10:28 de la noche. Estaban acompañados, además, del director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, y un grupo de subcomisionados de la Policía.Óscar Alberto López Jerez, Luis Suárez, Elsy Dueñas, José Pérez Chacón y Héctor Nahum Martínez, los abogados electos para sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, fueron movilizados en una camioneta negra hasta la entrada de la Corte Suprema de Justicia.El edificio, sin embargo, estaba custodiado por agentes de la policía horas atrás, tal como constataron periodistas de Diario El Mundo. Tenían órdenes de no dejar ingresar a ningún trabajador de la corte.Los agentes consultados por Diario El Mundo, sin embargo, se rehusaron a revelar la cadena de mando de quien les ordenó impedir el acceso al recinto judicial.El director de la PNC, junto a ocho comisionados, caminaron hasta el portón Sur del edificio de la Corte Suprema de Justicia. En el recinto, según información preliminar, están presentes agentes de la Dirección de Inspecciones Oculares de la Policía; así como el asesor jurídico de la Presidencia, Conan Castro, junto a otros trabajadores del Ejecutivo.