Por cuarta vez suspenden fallo del caso “Saqueo Público”

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador suspendió por cuarta vez la lectura del fallo en contra la exprimera dama, Vanda Pignato, y nueve más, que son procesados en el caso de corrupción denominado "Saqueo Público, por una supuesta extracción de más de $351 millones de Casa Presidencial durante la gestión del expresidente Mauricio Funes. La lectura del fallo estaba programado para este viernes 16 de febrero, a las 2:30 de la tarde, pero el tribunal justificó la suspensión debido a una solicitud de la jefa fiscal de la unidad de San Salvador, quien informó que un 80 % de los fiscales está en el escrutinio final de las elecciones presidenciales y legislativas, y únicamente tiene el 20 % del recurso humano. "Por ello, requiere que se realicen las consideraciones pertinentes a efecto de flexibilizar la programación de audiencias en el periodo de dos semana”, dice la resolución del Tribunal Primero de Sentencia sobre la petición de la Fiscalía. El tribunal añadió que para los jueces es "necesario contar con cada uno de las intervinientes el día de la emisión del fallo, en razón de la complejidad de este instructivo judicial”. Las tres veces previas que se suspendió la lectura del fallo fue debido a que el tribunal no había terminado de deliberar, siendo las fechas 30 de noviembre, 22 de diciembre del 2023 y el 9 de febrero de este año. "No obstante, este tribunal se encuentra listo para la emisión del fallo en contra de los procesados, en virtud que ha culminado con la valoración de la prueba de los medios probatorios admitidos e inmediados en la audiencia de vista pública”, enfatizó el Tribunal Primero de Sentencia en su resolución con fecha 15 de febrero. Es así, que el tribunal convocó a las partes procesales para la lectura del fallo verbal para el próximo 26 de febrero a las 2:30 de la tarde. En el caso, son procesados 10 personas, exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial, entre ellos, la exprimera dama, Vanda Pignato, acusada de delitos de lavado de dinero y activos, y simulación de delitos, por quien Fiscalía pide una sentencia de 19 años de cárcel.