Organizaciones defensoras de derechos humanos registraron y documentaron 111 muertes de personas detenidas en centros penales durante un año de la implementación del régimen de excepción en El Salvador.
Las organizaciones Azul Originario, el Centro de Estudios de la Diversidad Sexual y Gentrica (AMATE), Cristosal, la Fundación de Estudios pare la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), y la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), aseguraron que entre las causas de las muertes están las razones cardíacas o enfermedades crónicas, también por signos de estrangulamiento, heridas en el abdomen y cabeza, además de quebraduras de costillas.
Pese a ver esos signos en los cuerpos de las víctimas, afirman que el Estado niega a los familiares la causa real de la muerte.
Así mismo, reprocharon que hasta la fecha no existen investigaciones independientes que busquen determinar las responsabilidades penales y los autores de las muertes bajo custodia del Estado.
Violaciones a derechos humanos
Las organizaciones también informaron que en un año de aplicación de régimen de excepción se han atendido 4,733 casos o denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por agentes estatales, que se habrían cometido a unas 5,082 víctimas.
Todas las violaciones, según las organizaciones, fueron cometidas en un 74 % por la Policía Nacional Civil (PNC), un 16 % de forma conjunta con la corporación y la Fuerza Armada, un 6 % solo por la Fuerza Armada, y un 3 % por otros actores estatales.
Los departamentos que más reportaron violaciones a derechos humanos son San Salvador, con un total de 1,897 víctimas; seguido de La Libertad, con 566; Sonsonate con un 462 víctimas; Usulután con 388; Santa Ana con 357; y, Ahuachapán con un total de 280 víctimas.
Rina Montti, de Cristosal explicó que entre las violaciones a derechos humanos están las capturas arbitrarias que supera el 90% de la denuncias recibidas por las organizaciones.
El representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carrillo, aseguró que la población aprueba la reducción de los homicidios, pero no así el régimen de excepción, un mecanismo que vulnera los derechos humanos.
"La población está a favor y contenta por la reducción de los índice de violencia, pero no del régimen. Esa percepción positiva no se traduce en la vulneración de derechos humanos....Vemos como positiva esa reducción de homicidios en el territorio, lo que nos preocupa es la utilización de mecanismos de derechos humanos”, sostuvo Carrillo.
A través de un comunicado, FESPAD pidió la derogación del régimen de excepción y un debido proceso para los detenidos.
En el marco del primer año del régimen de excepción, desde su aprobación un 27 de marzo del 2022, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró qué hay 66,417 personas capturadas. De igual forma, que faltan 35 % de pandilleros que capturar.