Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, está incluida entre los sancionados. /Archivo DEM.
El Reino Unido anunció este lunes la imposición de sanciones en contra de ocho altos mandos nicaragüenses, de todos los órganos de Estado, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo, tras las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, calificadas por la comunidad internacional como "una farsa".La ministra de Estado de la Cancillería Británica, Wendy Morton, aseguró que
el régimen de Daniel Ortega "está negando al pueblo nicaragüense sus derechos humanos fundamentales", al imponerse tras una "elección presidencial fraudulenta". Los resultados de las elecciones en Nicaragua han sido ampliamente rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido; así como Costa Rica.
Esto, debido a los arrestos arbitrarios contra opositores políticos, la represión a medios de comunicación independientes y la disolución de partidos contendientes. Las sanciones consisten en la prohibición de viaje y congelamiento de activos
"para aquellos particularmente responsables de socavar los principios democráticos y las instituciones nicaragüenses, cometiendo violaciones severas a los derechos humanos y promoviendo la represión contra la sociedad civil".Las sanciones fueron coordinadas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, quienes también impusieron sanciones similares a funcionarios nicaragüenses.
"Seguiremos trabajando con socios afines, como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, en nuevas medidas coordinadas para responder a la situación en Nicaragua", advirtió el Reino Unido.
¿Quiénes son los sancionados?
La lista de personas sancionadas incluye a
la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, "por su involucramiento en la represión respaldada por el Estado contras las manifestaciones populares, la desacreditación de periodistas independientes y la exclusión de candidatos de oposición en la contienda electoral".
La Fiscal General, Ana Julia Guido Ochoa y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas, "por restringir el acceso a juicios libres y justos, y otros actos que socavan el estado de Derecho".También está sancionado
Juan Antonio Valle, comisionado general de la Fuerza Nacional de Policía de Nicaragua; así como
Fidel de Jesus Dominguez Alvarez, jefe Comisionado de la Policía en el Departamento de León, "por su involucramiento en el acoso de los manifestantes durante las marchas públicas en 2018".También han sido sancionados
Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional Nicaragüense;
Fidel Antonio Moreno Briones, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); y
Lumberto Ignacio Campbell Hooker, actualmente Magistrado del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua.