Seis organizaciones rechazan elección de designada de Bukele y dicen tienen derecho a "insurrección pacífica"

Seis organizaciones sociales calificaron hoy de inconstitucional la licencia que dio la Asamblea Legislativa al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa, y la posterior elección de la designada presidencial, Claudia Rodríguez de Guevara, calificando ambos actos como "fraude a la Constitución". Representantes de la Alianza Nacional por la Paz, Resistencia Ciudadana, Coordinadora Popular de Movimientos Populares, Movimiento de Trabajadores Despedidos, Mesa de Trabajo por una Pensión Digna y Sumar sostuvieron que las candidaturas de Bukele y Ulloa son inconstitucionales, y por tanto que no pueden gozar de una licencia para realizar campaña electoral ya que solo podrían separarse de sus cargos renunciando por una causa grave. "La Constitución está siendo absolutamente destruida", afirmó Rubén Zamora, representante de Resistencia Ciudadana, en la conferencia de prensa de este martes, al reiterar que la Constitución no permite la reelección presidencial continua, seguida o inmediata. Según las organizaciones, la candidatura vicepresidencial de Ulloa también es inconstitucional porque le corresponde asumir la Presidencia en ausencia del presidente según el artículo 152 numeral 6 de la Constitución. Añadieron que el gobierno también violó el procedimiento constitucional para nombrar designados presidenciales, ya que Bukele no presentó una terna para que la Asamblea nombrara un designado presidencial, no acudió personalmente a pedir permiso a la Asamblea y la designada presidencial no llegó para ser juramentada en el cargo que ocupará hasta el 31 de mayo de 2024.

¿Insurrección?

Por esa razón los miembros de las organizaciones sostuvieron que tienen derecho a la "insurrección pacífica", que lo están haciendo pero negaron que estén exhortando a una "insurrección armada". Zamora enfatizó en que el artículo 88 de la Constitución obliga a los ciudadanos a la insurrección si se viola la alternabilidad presidencial pero reiteró que la insurrección debe ser pacífica y sin armas. "La palabra insurrección la usa la Constitución. La insurrección es un instrumento político pero que tiene niveles claramente establecidos, el primer nivel es el deber de todo ciudadano de tener la libertad de pensar y decir lo que le parece... Ese derecho también lo pueden hacer por grupos, nos asociamos para expresarnos, pero nos pone límites: pueden hacerlo pero que no dañe a otros ciudadanos, que sea pacífico y que sea sin armas", expresó. De la misma manera, José Santos Melara, representante de Alianza por El Salvador en Paz, aseguró que ellos están "insurreccionando" al oponerse y negó que estén llamando a una "insurrección armada". Melara, sin embargo, hizo una advertencia al referirse a una afirmación del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, sobre la pretensión de eliminar a la oposición en las elecciones. "Debe tener cuidado con lo que dice, porque esto se puede interpretar de diferentes formas... A Bukele siempre se lo hemos dicho, que si pelea quiere con los veteranos, pelea va a tener, siempre se lo hemos dicho", fueron las palabras de Melara. "No repitamos los errores del pasado, porque cuando nosotros hablamos de Arena y del FMLN, que los vamos a hacer desaparecer en las próximas elecciones sin duda alguna", expresó Castro el pasado 3 de diciembre, al arrancar la campaña de los candidatos a diputados de Nuevas Ideas, realizada en las instalaciones públicas de lo que fue Casa Presidencial, en San Jacinto. Zamora citó el artículo 85 de la Constitución para indicar que la existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y la forma de gobierno establecida por la Constitución. "Si él dice que va a barrer con la oposición solo quedan los del servicio del gobierno", afirmó. Por su parte, Alfonso Goitia, representante del movimiento Sumar, indicó que el "fraude a la Constitución" es utilizado por el gobierno para "encubrir el fraude económico, el fraude político y el fraude social". "En el marco económico es todo el problema de la corrupción, los casos que la Cicies había establecido, eso obviamente hay que encubrirlo", expresó. El presidente salvadoreño participa en las elecciones presidenciales en busca de la reelección en periodo inmediato ante críticas de abogados y la oposición que sostienen que los artículos 88, 131 numeral 16, 152, 154, 248 prohíben la Constitución.