Luego de conocerse la condena de 133 años de cárcel para el coronel Inocente Montano, en la Audiencia Nacional de España, por su participación en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989,
las autoridades de la Universidad Centroamericana (UCA) dijeron que aunque un militar ha sido encontrado responsable del crimen, la Fuerza Armada y el Estado deben pedir perdón por esta masacre y todos los crímenes cometidos durante la guerra civil salvadoreña, además de llevar a la justicia al resto de implicados mencionados en testimonios y pruebas durante el juicio. Durante una conferencia de prensa virtual, Oliva, reiteró que luego de tres décadas de buscar la justicia para las víctimas de la masacre en el campus de la UCA, "tenemos la confianza y la esperanza que las evidencias que se han presentado a través de caso en la Audiencia Nacional española, servirán para tener un juicio aquí en El Salvador, pues es evidente que ante los señalamientos que hace la Audiencia Nacional española en la sentencia,
hay otros implicados que están en El Salvador y que hoy no hay ningún motivo para que no sean juzgados en nuestro país”, dijo.
El rector recordó que "las condenas judiciales por homicidio, por terrorismo o por un crimen de lesa humanidad nunca son motivo de alegría, expresan la triste realidad de un pasado doloroso, de un pasado trágico que vivimos en nuestro país”, pero reconoció que estas resoluciones son "un estímulo y una garantía de no repetición de estos actos inhumanos”.José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), también llamó a la Fuerza Armada salvadoreña ha hacer "una revisión de su comportamiento” y a reconocer la responsabilidad histórica sobre la masacre de los jesuitas y otras matanzas, la tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales "y decirlo públicamente y pedir perdón al pueblo salvadoreño… yo creo que si lo hacen sería un cambio de conciencia entre los militares, tendrían la claridad de la notificación de que no se va consentir ninguna cosa de esas”."Si se dice (desde la Fuerza Armada) hemos hecho esto, hemos cometido barbaridades, jamás lo volvemos a hacer y pedimos perdón a la población salvadoreña, realmente sería una garantía de no repetición muy grande”, pero Tojeira también insistió que a este reconocimiento de culpabilidad debe ser acompañado con la disposición de "sus archivo, colaborando con cualquier tipo de investigación”. Ambos representantes de la UCA aseguraron que durante el juicio contra Montano se ha podido "ver a través de este juicio, que la Fuerza Armada y en particular la promoción de la Escuela Militar de 1966, más conocido como ‘La Tandona’, funcionó desde el poder como una maquinaria criminal y encubridor de los graves atentados contra ciudadanos salvadoreños y contra el Estado de Derecho, valiéndose de un poder fáctico que sobrepasa las funciones y derechos que le otorga la constitución salvadoreña a la institución armada”, subrayó Oliva.Piden a Bukele ordene abrir archivos militares
Los dos representante de la UCA y de la Compañía de Jesús también externaron su llamado al presidente Nayib Bukele, en su condición de comandante general de la Fuerza Armada, a que ordene abrir los archivos militares para facilitar la justicia."Si el presidente de la República si realmente está interesado por la justicia en nuestro país, si realmente está interesado para que se deduzcan responsabilidades de los que cometieron los crímenes de derechos humanos, no tienen otro camino que ordenar la apertura de los archivos de la Fuerza Armada”, aseguró Andreu Oliva, y recordó que durante el juicio en España se vio cómo el Estado respaldó las acciones de los militares durante la guerra civil, "el modus operandi al que no podemos regresar, que es generar el odio entre salvadoreños. El querer promover el linchamiento popular o político de determinadas personas”. Reprochó "cómo se mentía para difamarlos (a los jesuitas), cómo se iba creando un ambiente en la sociedad que pudiera, incluso a justificar el crimen y después cómo se organizó el operativo, para realizar ese crimen sin dejar testigos, realizado por miembros de la Fuerza Armada siguiendo órdenes superiores y posteriormente hubo un encubrimiento del crimen de parte del Estado”, al que hoy demandan corregir esos hechos.