Vicepresidente a críticos del régimen: "Es una actitud de traición al pueblo"

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, defendió hoy el régimen de excepción aplicado a raíz del alza de homicidios de finales de marzo que costó la vida de 87 salvadoreños en tres días y señaló a sus críticos de "traición al pueblo". Ulloa respondió a la pregunta sobre la reserva de información pública sobre la cantidad de víctimas de homicidios y desapariciones durante el régimen de excepción. La revista Gatoencerrado publicó que estos fueron declarados reservados. El funcionario defendió la reserva de información y advirtió a los críticos de las políticas de seguridad que "tengan cuidado" porque aseveró que estos le "hacen el juego" a las pandillas y al crimen organizado, lo que afirmó es una "traición" a la población. La aseveración ocurre un día después de las declaraciones del cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien exhortó a levantar el régimen de excepción "cuanto antes". Sin embargo, durante su vigencia el régimen de excepción ha sido criticado por organizaciones, partidos políticos y la comunidad internacional, en específico la violación a los derechos humanos, el debido proceso y las capturas arbitrarias. La organización Human Rights Watch (HRW) exhortó a liberar a un joven con discapacidad intelectual capturado por la Fuerza Armada bajo el régimen de excepción el pasado 29 de junio y recluido en la penitenciaría de San Luis Mariona, en Ayutuxtepeque. Poco antes, el 24 de junio, Patrick Ventrell, quien se desempeñó por unos días como encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador, calificó de insostenible el régimen de excepción por las "numerosas de denuncias de violaciones a derechos humanos, arrestos arbitrarios y muertes y detenidos también". El régimen de excepción ha sido prorrogado en tres ocasiones y los diputados de Nuevas Ideas, así como sus aliados, han mostrado un respaldo definitivo a cualquier otra prórroga en un futuro. Se reportan casi 45,000 capturas de supuestos pandilleros y más de 2,200 denuncias en la asociación Cristosal de las cuales el 90 % son detenciones arbitrarias, así como 54 muertes de personas capturadas que estaban bajo custodia del Estado.