Emilio Aguilar y Fidel Zavala tienen una historia en común que no es grata en sus vidas: ambos fueron apresados durante el régimen de excepción, maltratados por las autoridades y liberados durante su proceso penal. Este miércoles, ambos presentaron avisos penales en la Fiscalía General de la República donde señalaron de cometer delitos a miembros de la Fuerza Armada y directores de Centros Penales.
Contra el director de Centros Penales, Osiris Luna y los directores de los penales La Esperanza, conocido como "Mariona", y el de la Granja de Santa Ana, los abogados de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidech) presentaron un aviso por los delitos de coacción, tortura, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y cohecho; mientras que contra el titular del Ministerio de la Defensa, fue un aviso por coacción y actos arbitrarios.
Tortura
Zavala es un joven que fue acusado y enjuiciado por supuestas estafas, fue apresado y estuvo en prisión preventiva durante 13 meses en los centros penales de Mariona y la Granja de Santa Ana; al final, durante el juicio, el tribunal determinó que no hubo delito y fue absuelto.
Sin embargo, el joven relata que sufrió torturas al interior del centro penal y que al salir de la cárcel todo ha sido cuesta arriba: existe acoso de la Fiscalía General de la República, no puede abrir una cuenta bancaria por el antecedente y aduce que sin motivo, la Fiscalía lo tiene bloqueado en redes sociales.
Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, quien el viernes anterior sostuvo ante la CIDH que no existe tortura en las prisiones salvadoreñas.
"Reiterar que en El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas, aquí no se asesinan las personas, esto no es una lucha política, no son centros de concentración, esa aseveración es totalmente falsa”, dijo Guzmán a los comisionados.
Por otro lado, el joven Emilio Laínez interpuso aviso en contra del ministro de la Defensa, luego que en marzo de este año fuera capturado por miembros de la Fuerza Armada.
Emilio relató que él estaba en su casa, cuando los soldados le pidieron que saliera y les ayudara a borrar un grafiti, en el camino, lo acusaron de que él había hecho el grafiti y lo golpearon. Después de haber borrado el grafiti, lo detuvieron. Actualmente está en libertad bajo medidas alternas a la detención. Los abogados de Unidech también han gestionado medidas de protección ante la CIDH.
Corrupción
El abogado Rudy Joya también planteó que hay actos de corrupción denunciados, y que presuntamente son cometidos al interior de Centros Penales. Joya dijo que a la familia de Zelaya les pidieron "regalías" o dinero que hacen pasar como donaciones a cambio de que puedan ver a sus familiar durante cinco minutos en prisión.
"La familia de él fue víctima de como Centros Penales para que tengan cinco minutos para poder ver a sus familiares detenidos, pide dinero a cambio por regalías que las hacen pasar por donaciones de materiales o incluso de dinero que no se sabe para dónde va, y que custodios, directores de centros penales con órdenes del director general de Centros Penales, Osiris Luna, solicita este tipo de situaciones y ahí se empieza a materializar la corrupción", dijo Joya.