La Comisión Política de la Asamblea prepara un dictamen de ley de reconciliación. / Cortesía
El jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, no rechazó la propuesta del FMLN de castigar con trabajo de utilidad pública a responsables de perpetrar los crímenes de guerra y de lesa humanidad en el conflicto armado.
La propuesta de cambios al proyecto de ley de las víctimas del conflicto armado que presentó el FMLN sugiere que las penas carcelarias de uno a cinco años de prisión, por crímenes de guerra y lesa humanidad, sean sustituidas con trabajo de utilidad pública.
El jefe de fracción del partido Arena tampoco descartó que el proyecto de reconciliación que prepara la Asamblea Legislativa pida la sustitución de la pena carcelaria por trabajo de utilidad pública.
¿Dejarán plasmado en el proyecto de ley el trabajo de utilidad pública como castigo para crímenes de guerra?
“Todavía no está definido definitivamente. Vamos a comenzar a ver artículo por artículo, lo más seguro esta semana o la próxima”, respondió el jefe de fracción de Arena.
¿Respaldarían que haya trabajo de utilidad pública?
“Se puede, yo creo que hay que ver todas las alternativas, nosotros no nos estamos casando con ningún tipo de propuesta en este momento, queremos ver lo que nos van a decir los técnicos ”, contestó.
El partido Arena tiene 37 diputados en la Asamblea Legislativa; esta cantidad de legisladores lo convierte en la primera fuerza política. El FMLN tiene 23 diputados.
Ambos partidos suman 60 votos, por lo cual tendrían los 43 necesarios para aprobar la normativa.
Esto significa que Arena y el FMLN no necesitarían de los votos del resto de partidos para lograr un acuerdo para la aprobación de la nueva ley de reconciliación.
“Bueno para todos”
El subjefe de fracción del PCN, Roberto Angulo, dijo que el proyecto de ley de reconciliación que prepara la Asamblea Legistiva podría conocerse esta semana y, aunque no precisó el día, planteó que debe contemplar “medidas sustitutivas” y “algo que sea bueno para todos” los sectores involucrados en el conflicto armado.
Extraoficialmente, dos fuentes políticas informaron que hoy estaría listo el proyecto de ley de reconciliación que prepara la Asamblea Legislativa y que sería convocada la Comisión Política de la misma para iniciar la discusión del borrador de ley. Los diputados buscan cumplir una sentencia de la Sala de lo Constitucional de julio de 2016.
¿Qué plantea la sentencia de la Sala de lo Constitucional?
Sala dio plazo para legislar
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993. La Sala ordenó que la Asamblea Legislativa aprobara una nueva normativa y le dio dos años.
Verdad y justicia para las víctimas
Al dar un plazo para la aprobación de la nueva normativa, la Sala ordenó que esta no debía limitar el acceso a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los crímenes ocurridos en la guerra. Además, pidió escuchar a las víctimas.
Asamblea incumplió dos plazos
La Asamblea incumplió los plazos prorrogados por la Sala de lo Constitucional, para aprobar la nueva ley de reconciliación. La última prórroga otorgada a la Asamblea fue en diciembre y dio como plazo el 28 de febrero de 2020 para aprobar la ley.
Asamblea elabora nuevo proyecto
Técnicos de los partidos políticos y de la Asamblea Legislativa elaboran un proyecto de ley de reconciliación. El documento tomó de base los borradores presentados por Arena, PCN y PDC y el de las organizaciones, en representación de las víctimas.
Trabajo de utilidad pública
Primer intento de ley
En febrero de 2019, los diputados tenían un proyecto de ley que proponía cambiar las penas carcelarias por trabajo de utilidad pública. El FMLN mostró su rechazo a este proyecto de ley.
La medida cautelar de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares y ordenó que los diputados suspendieran estudio y discusión del proyecto de ley que proponía trabajo de utilidad.
La medida cautelar de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares y ordenó que los diputados suspendieran estudio y discusión del proyecto de ley que proponía trabajo de utilidad.