La normativa crea un Tribunal Sancionador que podrá imponer multas a instituciones públicas, privadas, y a personas naturales que violen los derechos de las personas con discapacidad.
Un total de 410,700 personas en El Salvador presentan discapacidad, un 55 % son mujeres y un 45 % hombres, de acuerdo al Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (Conaipd).
La ley busca que se cumplan los derechos de acceso a salud, educación de calidad, al transporte público y a un empleo digno de las personas con discapacidad.
Con la nueva normativa, se derogaría la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, normativa que no comprende el funcionamiento de un tribunal.