“Bukele no parece querer rectificar el rumbo”

En calidad democrática, el director de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ubica a El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele entre las democracias en peligro por la elección de líderes populistas.

Sostiene que hace creer que por su popularidad está exento de rendir cuentas y que gobierna como si estuvieran en una campaña eterna. Vivanco no duda que la imagen del presidente salvadoreño se ha deteriorado y cree que esto tendrá consecuencias negativas.

 

Comparativamente en las Américas, ¿dónde ubicaría al presidente Nayib Bukele en su calidad democrática?

En América Latina existen varias modalidades de Gobierno, que van desde la dictadura pasando por democracias débiles casi de fachada hasta sistemas democráticos más o menos consolidados. Los regímenes dictatoriales se caracterizan por un control férreo del aparato del Estado, instituciones judiciales subordinadas o cooptadas por el gobierno, persecución y represión a los medios de comunicación independientes, partidos de la oposición y organismos de la sociedad civil si existen, sin alternancia en el poder y con violaciones a los derechos humanos como parte de una política oficial. El ejemplo extremo es obviamente Cuba, seguida muy de cerca por Maduro, en Venezuela y Ortega-Murillo, en Nicaragua.

Otra categoría corresponde a democracias en peligro por la elección de líderes populistas. Un rasgo común a estos personajes es su discurso antiestablishment, es decir, reniegan de la democracia liberal, aunque alcanzan el poder en procesos electorales competitivos. Una vez en el gobierno, avanzan 'lanza en ristre' contra el Poder Judicial y la prensa independiente con el propósito de someterlos. Son liderazgos que socavan las reglas del juego de la democracia desde adentro. Es el caso de Bukele en El Salvador, de Bolsonaro en Brasil y de AMLO en México. Son líderes que, en lugar de gobernar y promover políticas públicas para aliviar la situación de las grandes mayorías, buscando acuerdos con los distintos sectores y respetando los límites del estado de derecho, optan por la demagogia y el clientelismo. Gobiernan como si estuvieran en una campaña electoral eterna.

Vale la pena subrayar que los populistas, como lo demuestra la experiencia histórica con Chávez, Correa o Fujimori, se esfuerzan por lograr el desmantelamiento de las instituciones democráticas, que para ellos son un obstáculo. No se hace de golpe o de un día para otro. Por eso es clave monitorear en tiempo real lo que está sucediendo para denunciar a tiempo las amenazas o los retrocesos.

 

¿Qué consecuencias internacionales podría acarrear para El Salvador el desprestigio democrático de su Presidente?, ¿podría afectar la cooperación?

El deterioro de la imagen de Bukele a nivel internacional es un hecho indiscutible. Fuera de El Salvador a Bukele se lo conoce, principalmente, por amenazar militarmente a la Asamblea Legislativa, desacatar los fallos del máximo tribunal del país, imponer por decreto una cuarentena estricta con medidas inconstitucionales que violan los derechos de miles de ciudadanos y un agresivo discurso demagógico. Estos y otros abusos han generado una profunda desconfianza en sus credenciales democráticas y han terminado asociándolo a otros populistas del planeta. Las imágenes de miles de presos en las cárceles de máxima seguridad, hacinados como sardinas en medio de la Covid, despertaron indignación y rechazo global. Bukele no puede darse el lujo de darle la espalda a la comunidad internacional. Una buena relación significa acceso a fondos para el desarrollo, préstamos en condiciones favorables, cooperación técnica y diplomática con el país. Para eso, el Gobierno necesita ser tomado en serio, como un actor responsable y respetuoso del estado de derecho, las libertades públicas y la transparencia en la gestión de gobierno. Sería muy desafortunado que El Salvador termine siendo tratado como un paria por la conducta de Bukele.

 

El Presidente ha mantenido un conflicto creciente con el Legislativo en un año preelectoral. ¿Cree usted que Bukele es un potencial dictador o simplemente un publicista con un guión propagandístico electoral?

La raíz del conflicto que Bukele mantiene con la Asamblea radica en que su partido está en minoría. Por lo tanto, la aprobación de cualquier proyecto de ley debe ser negociada con partidos de oposición y, como sabemos, Bukele prefiere imponer a negociar. Permanentemente ataca a legisladores y jueces con una retórica delirante, tildándolos de "asesinos” cuando no le obedecen. En uno de sus tantos berrinches televisivos y luego de que la Corte invalidara uno de sus decretos inconstitucionales, amenazó con suspender el salario a los miembros de la Asamblea y los magistrados de la Corte. Lo más alarmante —y que muestra que es un dictador en potencia— es que Bukele va más allá de la retórica que promueve bajo su maquinaria propagandística. Ha puesto en práctica muchas de las barbaridades que dice, probablemente la más grave hasta ahora ha sido su irrupción en el Congreso rodeado de soldados armados el pasado mes de febrero, un show de fuerza bruta que no se ha visto en América Latina en décadas. Invocando la trasnochada muletilla de que actúa “para el pueblo”, ha usurpado competencias de la Asamblea y la Corte Suprema, declarando por decreto estados de emergencia, autorizando a las fuerzas de seguridad a utilizar la fuerza letal, defendiendo la opacidad y el secretismo en el manejo de los recursos públicos destinados a la emergencia sanitaria. Pese a los señalamientos de las organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, Bukele no parece querer rectificar el rumbo, por el contrario, lo que vemos es una profundización de su conducta autoritaria.

 

¿Qué opina de que la protección de los derechos humanos no goce de mucha popularidad entre la población?

No comparto esa percepción. Por el contrario, lo que veo es un país que cuenta con un sólido entramado de defensores de derechos humanos muy activo y comprometido con la protección de la democracia pese a los constantes ataques del ejecutivo. Afortunadamente, hay instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y la Fiscalía General de la República, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil que defienden valores democráticos y promueven debates públicos sobre los principales desafíos del país. Hay millones de salvadoreños, en el país y el extranjero, que tienen frescos recuerdos de lo que fue la guerra y la importancia de preservar la democracia, por débil e imperfecta que sea, y el respeto por los derechos básicos y la libertad de expresión.

 

Usted asegura que Bukele es un líder autoritario. Pero él ha dado $300 y canastas alimentarias a muchos salvadoreños, goza de apoyo popular y está pendiente de ello a través de encuestas y mediciones semanales de opinión pública. ¿Cuál sería el daño de una reelección para los salvadoreños?

La popularidad de Bukele es efectivamente muy alta. Hay que advertir, no obstante, que Bukele –al igual que Chávez, quien en su época fue tremendamente popular– esgrime su popularidad y su triunfo presidencial como una licencia que le permitiría hacer lo que se le antoja, incluso intentar perpetuarse en el poder. Lo que Bukele no entiende es que la legitimidad de un líder político depende no solo de su elección –legitimidad de origen– sino también de la manera cómo gobierna, cómo ejerce el poder –legitimidad de ejercicio. El mejor parámetro para medir la legitimidad de ejercicio no es la popularidad del jefe de estado, sino precisamente el respeto a la Constitución, al estado de derecho, la independencia judicial, libertad de prensa, respeto a la sociedad civil y a los derechos humanos. Al instrumentalizar el apoyo popular, engañosamente Bukele hace creer que la sociedad salvadoreña avala su manera de gobernar y por lo tanto está exento de rendir cuentas por sus políticas y prácticas antidemocráticas. Aparte de Chávez, quien fue reelegido varias veces, vale la pena mencionar el caso de Alberto Fujimori en Perú. Fujimori también fue elegido democráticamente y contaba con un enorme apoyo popular. Introdujo reformas que mejoraron las condiciones económicas y de seguridad del país, pero su gobierno se sostuvo sobre la base una enorme concentración de poder, desmantelamiento democrático, corrupción masiva y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales. Actualmente Fujimori se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de prisión. Más que concentrarse en leer encuestas, yo le sugeriría a Bukele que pasara más tiempo leyendo la Constitución, que por buenas razones prohíbe la reelección inmediata del presidente, para que aprenda, antes que sea demasiado tarde, los límites al ejercicio de su poder.



Uno de los logros que hacen popular al Gobierno actual es la disminución de los homicidios. ¿Conoce usted la razón por la cual bajaron los homicidios en El Salvador?

Es una muy buena noticia que uno de los países con una de las tasas más altas del mundo en homicidios, haya logrado reducir estas nefastas cifras. Ciertamente, Bukele hizo de la seguridad pública uno de los pilares de su campaña presidencial. No sorprende, entonces, que el Gobierno atribuya el descenso en los homicidios a sus políticas para combatir a las brutales pandillas. En gran medida, su éxito político está atado a estos resultados porque es de los pocos supuestos logros que tiene para mostrar. Su gobierno elaboró el “Plan de Control Territorial”, cuyo foco es retomar el control de los centros penales, luchar contra el financiamiento de las pandillas, y aumentar y fortalecer la presencia de las fuerzas de seguridad en el terreno. Bukele vendió esta fórmula como la solución al gravísimo y crónico problema de seguridad que ha azotado al país durante décadas. Pero ni su estrategia ni las medidas que promueve son novedosas. Al igual que otros gobiernos en el pasado, el enfoque del Plan Bukele es esencialmente punitivo, de mano dura, cuya implementación recae en fuerzas de seguridad con un récord de graves abusos e impunidad. La clave será ver cuánto tiempo se sostiene la tendencia a la baja de homicidios con esta estrategia.

 

¿Confía en la lucha contra la corrupción ofrecida por Bukele, que ya destituyó a su primer funcionario?

Por supuesto considero que, si hay señalamientos de posibles actos de corrupción por parte de un funcionario público, la justicia debe investigar y sancionar a los responsables. Pero no basta con declaraciones grandilocuentes como las que hace Bukele vía Twitter –“al que toque un centavo yo mismo lo voy a meter preso”– para pretender que tiene un compromiso serio con la transparencia. Este tipo de comentarios, a los que ya nos tiene acostumbrados, es un excelente ejemplo de demagogia populista. Hablando de transparencia, hay que subrayar que gracias al estado de emergencia para combatir la pandemia, Bukele contó con amplios poderes para celebrar contratos sin licitación, lo cual por supuesto facilita la arbitrariedad y la corrupción. Cuando se sancionó la ley de emergencia, esta estipulaba que se debía presentar ante la Asamblea informes mensuales sobre el destino y uso de los fondos para la emergencia. La falta de estos informes y, en el caso en que existían, la poca información que contenían, fue uno de los principales motivos por los cuales la Asamblea Legislativa se negó a prorrogar el estado de emergencia. Como si esto fuera poco, la emergencia habilitó a Bukele a suspender, en la práctica, la ley de acceso a información pública lo que deja sin recursos a la sociedad para exigir rendición de cuentas y abre la puerta a la corrupción e impunidad.

 

¿Por qué cree que Bukele sigue siendo un socio fuerte para los Estados Unidos?

Estados Unidos es el socio comercial más grande de El Salvador y es el país de residencia de más de dos millones de salvadoreños, de una población total de poco más de 6 millones de personas. Es evidente, entonces, lo relevante que es para Bukele mantener una positiva relación bilateral con el gobierno de Trump. La política exterior de Bukele frente al gobierno de Estados Unidos sólo puede caracterizarse como de sometimiento, especialmente en materia migratoria. A mediados de septiembre, ambos gobiernos firmaron un “acuerdo de cooperación para asilo”, similar al mecanismo de tercer país seguro, según el cual si Estados Unidos se niega a conceder asilo a una persona que haya pasado por territorio salvadoreño, puede deportarla a El Salvador, un país considerado para estos efectos como “seguro”. No quiero dejar de señalar la ironía de considerar a uno de los países más violentos del mundo, como lo es El Salvador, un país seguro. Por su parte, Trump accedió en octubre a extender por un año el Estatus de Protección Temporal (TPS) que da cobertura legal a la presencia de más de 200.000 salvadoreños en Estados Unidos. Afortunadamente, la relación bilateral no está solamente en manos de Trump. En Estados Unidos el poder se encuentra suficientemente distribuido, y el Congreso juega un importante rol en las relaciones exteriores. De hecho, líderes clave han hecho importantes pronunciamientos condenando el récord de Bukele. Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos, ha exhortado a Bukele a respetar los fallos de la Corte. También lo ha hecho Patrick Leahy, uno de los senadores más influyentes del senado y el vicepresidente del Comité de Asignaciones del Senado, que, entre otras cosas, aprueba y asigna los fondos para la cooperación internacional de los Estados Unidos con el resto del mundo.

 

El silencio de la oposición venezolana ante el presidente Bukele se parece al de Estados Unidos. ¿Por qué cree que tanto los líderes de la oposición venezolana como el gobierno de Trump, no se han pronunciado frente a los desacatos ante la Sala de lo Constitucional?

Estamos hablando de dos cosas muy distintas. El silencio de Trump es más fácil de explicar. Bukele le está siguiendo el juego en su política migratoria. A Trump no le interesa nada que no tenga un impacto directo en sus posibilidades de ser reelegido, mucho menos los problemas de derechos humanos en El Salvador. Como dije, esa no es necesariamente la opinión de otras instituciones en Estados Unidos, como el Congreso o los medios de comunicación. No definiría las declaraciones de miembros de Congreso de la talla de Leahy o Engels de cautelosas. Al contrario, han formulado críticas contundentes al gobierno de Bukele.

En el caso de los máximos líderes de la oposición a Maduro, su silencio es incomprensible. El problema reside primordialmente en que hay miembros y simpatizantes del partido de Juan Guaidó, Voluntad Popular (incluyendo el abogado particular de Leopoldo López) que se ganan la vida asesorando a un presidente populista como Bukele, empecinado en transitar de la democracia a la dictadura. Estos asesores son perseguidos del régimen venezolano y adhieren a un movimiento político que lucha precisamente por todo lo contrario: una transición de la dictadura de Maduro a la democracia. ¿Cómo explicar esta patente contradicción que legítimamente genera muchas interrogantes? Más aún cuando el propio Bukele denuncia públicamente a Maduro y manifiesta su entusiasta apoyo a la oposición. ¿Por qué no tomar distancia pública con Bukele y sus asesores venezolanos condenando enfáticamente los atentados al sistema democrático, al estado de derecho y las violaciones a los derechos humanos por parte de ese gobierno en El Salvador? Creo que el silencio afecta la credibilidad de ese movimiento político venezolano porque deja al descubierto una seria inconsistencia.

 

Perfil

José Miguel Vivanco.

Es director de la División de las Américas de Human Rights Watch, fue abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Organización de Estados Americanos (OEA). Fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que promueve denuncias internacionales de derechos humanos. Estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.