La masacre ocurrió el 16 de noviembre de 1989./ DEM
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador notificó ayer la reapertura del caso jesuitas, por el asesinato de seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, tal y como lo decidió el Juzgado Tercero de Paz, en abril del 2018.
“Lo que establece la Cámara es que la resolución que dio el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, el 16 de abril del 2018 ordenando la reapertura, es conforme a derecho y así tiene que ser”, dijo ayer el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), Arnau Baulenas.
El año pasado, el juzgado anuló el sobreseímiento definitivo que dio a los militares procesados y anuló la audiencia inicial que se hizo en el año 2000, pero la defensa de los militares apeló la resolución y pasó a Cámara. La reapertura del caso fue solicitada en noviembre del 2017.
“Contra esta resolución no cabe recurso de casación, el juzgado debe emplazar a la fiscalía para que corrija el requerimiento fiscal, y una vez corregido, lo que procede es la audiencia inicial”, agregó ayer Baulenas.
Cuando el Idhuca pidió la reapertura del caso dijo que cuando se habla de autores intelectuales de la masacre, se refieren al denominado grupo “La Tandona”, porque fue el grupo militar que habría tomado la decisión de ejecutar a los jesuitas.
En ese entonces, señalaron que buscan que se procese a los militares que actuaron de forma intelectual en la masacre cometida al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Ayer, el abogado del Idhuca explicó que la fiscalía puede presentar otro requerimiento y unirlo a este proceso si decide no acusar a más personas.
En diciembre de 2017, los defendores de los militares rechazaron reabrir el proceso judicial. “Nos parece que es errada la apreciación que hace el abogado de Ellacuría (Arnau Baulenas), porque la única manera en que este caso pudiera tener algún eco en esta reapertura es si los delitos por los cuales se está haciendo esta petición fueran considerados como delitos de lesa humanidad. Nosotros, en nuestra argumentación, decimos no son delitos de lesa humanidad”, expresó Lisandro Quintanilla, en esa ocasión.