La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revocó la condena de 12 años de prisión que el Tribunal Quinto de Sentencia había impuesto al exministro de Obras Publicas, Jorge Nieto, a quien la Fiscalía General de la República acusó de peculado y también queda absuelto de todo pago de responsabilidad civil.

En abril de 2020, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó ponerlo en libertad por vulneración al derecho de defensa ya que se utilizó prueba ilícita consistente en una pericia practicada como anticipo de prueba que consistía en una inspección ocular, peritaje técnico y valúo del tramo II del proyecto del bulevar Diego de Holguín.

Cuando Nieto fue condenado, su bogado Lisandro Quintanilla presentó un recurso de apelación ante la Cámara Segunda de lo Penal el cual no había sido resuelto, pero como la Sala de lo Constitucional ya se había adelantado con la resolución, las magistradas de la referida Cámara no les quedaba más que revocar la condena de 12 años.

“Por el recurso de apelación que interpuse se revocó la condena y absolvió de todos los cargos a Jorge Nieto, de toda responsabilidad y civil, el caso debe quedar cerrado, por supuesto que la Fiscalía tiene todo el derecho de presentar un recurso de casación, pero cuesta arriba, como decimos en buen salvadoreño con las patas hinchadas; o sea eso no va prosperar porque la Sala de lo Constitucional declaró ilegal toda la actividad probatoria”, afirmó Quintanilla la tarde de este viernes vía telefónica a Diario El Mundo.



A la Fiscalía se le cayó el caso porque la Sal de lo Constitucional detectó que “el anticipo de prueba 03-A-2010 (Informe Técnico Ocular, Peritaje Técnico y Valúo del Proyecto “Diseño y Construcción de la Apertura del Bulevar Diego de Holguín, Santa Tecla, Tramo II) fue realizado sin permitir la intervención de la defensa”.

Nieto había sido condenado el 29 de noviembre del año 2019, a 12 años de prisión por el delito de peculado en el caso conocido como Diego de Holguín II y el pago en concepto de responsabilidad civil $12,984,953.52.

Los jueces que dieron esa sentencia condenatoria dijeron que el exfuncionario permitió que un tercero se apropiara de fondos del Estado, es decir el guatemalteco prófugo Jesús Hernández Campollo, representante legal de la empresa Copreca quien para la ejecución de la obra hizo un asocio con la Constructora Linares.

La Cámara también revocó la condena de tres años impuesta a Ernesto Iván Cañas Ayala, Alberto Orlando Colorado Cordero y Carlos Arturo Ruiz Ayala por el delito de peculado culposo, las reglas, obligaciones o condiciones por el plazo de dos años a las que quedaron sometidos quedan sin efecto.