El Gobierno pidió un préstamo de $109 millones para el Plan Control Territorial cuya aprobación reclama el presidente de la República, Nayib Bukele.
Para aprobarlo, su Consejo de Ministros convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el domingo 9 de febrero a las 10:00 de la mañana para conocer como punto único el dictamen 278 del 27 de enero de 2020 sobre el préstamo, según el escrito.
Su argumento fue el artículo 167 de la Constitución de la República inciso séptimo, que le da facultad al Consejo de Ministros “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
La Asamblea Legislativa recibió esa solicitud la noche del 6 de febrero, mientras estaban en sesión plenaria, en la cual decidieron convocar a una nueva sesión el 7 de febrero, en la cual rechazaron la convocatoria presidencial.
Con 67 votos –30 de Arena, 23 del FMLN, 9 del PCN y 2 del PDC– diputados aprobaron una respuesta de cuatro páginas al Consejo de Ministros en la cual señala que el préstamo está siendo analizado y que no existen las condiciones que justifiquen una convocatoria extraordinaria por no ser una emergencia constitucional.
Este documento advierte que una aprobación en dicha plenaria podría ser inconstitucional y que la convocatoria transgrede la independencia de los órganos del Estado, establecida en los artículos 86 y 167 ordinales cuarto y sexto de la Constitución.
La respuesta del Ejecutivo fue convocar a la población a reunirse el domingo a las 3:00 de la tarde en la Asamblea Legislativa. La convocatoria fue difundida en la cuenta de Twitter de Casa Presidencial, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Prensa de Presidencia de la República.
Bukele hizo una advertencia: si no asisten, rompen el orden constitucional; y si rompen el orden constitucional, el pueblo tiene el derecho a la insurrección.
Diez organizaciones de la sociedad civil –jurídicas, empresariales o ciudadanas– se pronunciaron ayer contra la convocatoria extraordinaria presidencial y los llamados a la insurrección.
¿Por qué?
La causa inmediata del conflicto es la falta de aprobación de un préstamo de $109 millones para la tercera fase del Plan Control Territorial.
Los fondos se utilizarán para comprar helicópteros, un buque para búsqueda y rescate, cámaras de videovigilancia, drones, patrullas doble cabina, uniformes policiales, radios, ambulancias, camiones, lentes de visión nocturna y equipo para el Hospital Militar.
Los diputados tenían listo el dictamen pero le retiraron el apoyo, alegando que temen que $25.9 millones del préstamo se destinen a la empresa SeguriTech Integral Security, una multimillonaria dedicada a la videovigilancia que pagó el viaje del viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna.
Sin embargo, el presidente de la República anunció la polémica convocatoria luego de criticar los llamados de la Asamblea a sus funcionarios, y las interpelaciones a los titulares de Salud y de la Anda.
Las interpelaciones a estos últimos funcionarios fueron aprobadas tres días después de la acusación fiscal contra Norman Quijano.
