Cinco organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, para proponer la creación de una nueva Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (Cicies) independiente, a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Salvador cuenta actualmente con una Cicies respaldada por la Organización de Estados Americanos (OEA), pero "con limitaciones de competencia y autonomía para investigar la corrupción al estar supeditada al Órgano Ejecutivo", manifestaron las asociaciones a través de un comunicado.
Cristosal, Asociación Azul Originario (AZO), Los Siempre Sospechosos de Todo, Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) y Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, entregaron el anteproyecto de la "Ley marco para el establecimiento de acuerdo de cooperación con la Organización de Naciones Unidas para la Constitución de la Cicies".
La misiva enviada al congreso salvadoreño señala que el Ejecutivo ha recibido una autorización para negociar deuda por más de $3,000 millones en el marco de la emergencia; además del permiso de reorientar fondos del presupuesto de 2020 y habilitar el mecanismo de compra directa, suspendiendo los procedimientos de la ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
En este contexto, afirman, "es fundamental garantizar el uso de dichos fondos, sin permitir prácticas de corrupción".
La OEA dispone de un grupo de 30 auditores para la emergencia en El Salvador; sin embargo, el comisionado de la Cicies, Ronalth Ochaeta, explicó que se limitarán a formular "recomendaciones para el fortalecimiento institucional sobre la calidad, efectividad y legitimidad en el gasto público, derivado de la situación de emergencia sanitaria”.
La Cicies, en palabras de Ochaeta, no tiene “intervención directa” en los casos de corrupción en El Salvador, y se limitaría a brindar asistencia técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) “por restricciones constitucionales”.
La propuesta
Para dar validez al convenio, es el Órgano Ejecutivo quien estará facultado a desarrollar el proceso de negociación y celebración del convenio.
En cuanto a las características de la Cicies, las organizaciones proponen un conjunto de estándares como la capacidad de combatir y desarticular redes político-económicas ilícitas, y recomendar políticas para erradicarlas.
Además, debe tener la capacidad de monitorear el sistema de justicia, recibir y procesar información de "cualquier persona, entidad oficial o privada, organización no gubernamental, organismo internacional y autoridades de otros Estados".
Es esencial que pueda promover persecución penal a través de denuncias vía Fiscalía, y constituirse como querellante en cuanto a facultades procesales.
Una opción para ello es que sea facultada como "comisión especial" por parte del Fiscal de la República, tal como establece el artículo 193 de la Constitución de la República, sobre las atribuciones de la FGR.
¿Por qué la ONU?
Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño busca apoyo de la ONU en la formación de la Cicies. El presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó en noviembre pasado que la Naciones Unidas ya había respondido la solicitud de El Salvador.
“Ya tuvimos dos reuniones con el secretario general de las Naciones Unidas (Antonio Guterres), ya vino la misión de la ONU acá, se reunieron con diversos actores, incluyendo nosotros y ahora ya nos enviaron una correspondencia para continuar en ese proceso”, confirmó.
La respuesta de la ONU, sin embargo, no se hizo pública y la Cicies fue respaldada únicamente por la OEA.
Para las organizaciones que envían la misiva, el contar con el apoyo de Naciones Unidas garantizaría establecer una Cicies con suficientes competencias para monitorear e investigar casos de corrupción de forma "autónoma, independiente y legítima".