El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró ayer que los allanamientos en ministerios son producto de indicios de irregularidades presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies) al Ministerio Público.
Melara dijo, en la entrevista de Frente a Frente, que los procedimientos responden también a los avisos y denuncias presentados por el uso de los fondos públicos para atender la pandemia del coronavirus, pero reiteró que los mayores indicios son los que ha brindado la Cicies.
“Estos allanamientos que se han realizado en estos días son el primer resultado del convenio de cooperación que tenemos con Cicies. Cicies llevó a fiscalía general los primeros indicios de irregularidades, bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo”, dijo el fiscal.
“Todos estos procesos han sido por indicios llevados por la Cicies a la fiscalía general”. Raúl Melara, fiscal General
Entre las instituciones allanadas figura el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) y la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Los allanamientos empezaron el 9 de noviembre y fueron autorizados por el Juzgado Décimo Tercero de San Salvador; su permiso se ha extendido para que se hagan hasta el 14 de noviembre.
“El tema no es si la Cicies está haciendo o no los casos, la pregunta es por qué no actúan así con el caso Sitramss, con El Chaparral.” Ernesto Castro, secretario privado de la presidencia
Siguen registros.
Ayer, se cumplieron tres días consecutivos en el que la Fiscalía General de la República realiza allanamientos en el Ministerio de Salud.
Desde temprano, fiscales entraban y salían de las oficinas centrales del ministerio, cuando el fiscal general, Raúl Melara, llegó a las oficinas junto al director de la unidad anticorrupción, Germán Arriaza.
Melara estuvo cerca de 10 minutos adentro de las instalaciones, al salir, de manera breve contestó a la prensa que no sabía “si lo han cuestionado o no (el procedimiento)”.
El Fiscal General dijo que la razón por la que llegó a las instalaciones del Minsal fue “para ver que el proceso se siga desarrollando con normalidad”.
Gobierno critica.
El presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a los allanamientos y escribió en su cuenta de twitter: “¿Por qué todos los allanamientos, ataques, solicitudes de antejuicio y desafuero (no relacionados), fueron hechos el mismo día? El fiscal arenero ya está en campaña. Como le dije al Fiscal una vez, y justamente por esa misma razón: “Recuerde que uno cosecha lo que siembra”, escribió el mandatario.
El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, dijo que el Gobierno no está en contra de que llegue la fiscalía en un “mega operativo nunca antes visto; que lleguen a pedir cuentas, si nosotros siempre las hemos dado”, dijo Castro.
Los funcionarios del Gobierno del Presidente Bukele criticaron que no han visto la misma operatividad de la fiscalía en otros casos como el del diputado Norman Quijano, quien fue sometido a un proceso de antejuicio para ser procesado por negociaciones con pandillas, pero la Asamblea Legislativa no dio los votos.
Diario El Mundo preguntó al ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, sobre quién dió la orden de enviar elementos de la PNC al Ministerio de Salud: “Cuando alguien toca a la puerta de tu casa y se mete de una manera prepotente, y no te enseña una orden para entrar a tu vivienda, en este caso una orden de allanamiento, y te empujan y te comienzan a gritar, lo primero que hace una persona honesta es llamar a la policía”, respondió.
Más tarde, la prensa cuestionó al ministro de Salud, Francisco Alabí, sobre ello y respondió que había sido el persona del seguridad de cartera de Estado, quien había llamado a la policía, dado que la fiscalía entró de forma violenta.
En la misma conferencia de Salud, la gerente general, Ana Irma Aguilar, dijo que no harán compra de medicamentos ni de equipo de protección para médicos debido a la incautación de equipos que hicieron los fiscales.
Alabí dijo que las compras se hicieron bajo la ley de Fopromid porque había un estado de emergencia aprobado y los procedimientos por la Lacap quedan excluídos.