El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Compromiso del Triángulo Norte para avanzar en la prosperidad, combate en la corrupción, fortalecimiento de la gobernanza democrática y mejorar la seguridad civil en El Salvador, Guatemala y Honduras, es decir, el Triángulo del Norte.

La aprobación ya recibió los votos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y está incluida dentro de un aquete de ayuda económica de atención al covid-19 y al Gobierno de Estados Unidos.

El compromiso es diseñar una estrategia de 5 años, que deberá ser presentada por el secretario de Estado y el administrador de la USAID, para promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en el Triángulo Norte y frenar la migración irregular.

La ley requiere entregar una lista pública de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, Guatemala y Honduras a quienes se les negará la entrada a los Estados Unidos, a entregarse en un máximo de 180 días y luego cada año.

Condiciones a la iniciativa Carsi


En la sección 7045 de América Central, se detalla una asistencia de $505,925,000 para la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica.

Este programa incluye: beneficio a personas no acompañadas, menores indocumentados hacia Estados Unidos, programas de salud global humanitaria, desarrollo, democracia, seguridad fronteriza y aplicación de la ley, disminución de violencia contra mujeres y niñas, apoyo a comisiones contra la corrupción e impunidad, procuradores generales y otras entidades para combatir la corrupción.

La ley indica que el 50 % de los fondos del “Fondo de apoyo económico” para los gobiernos de El Salvador Guatemala y Honduras, Triángulo del Norte, solo es obligatorio después que el secretario de Estado certifique e informe al Comité de Apropiaciones que tal gobierno:

  1. Combate la corrupción y la impunidad, incluido el enjuiciamiento de funcionarios gubernamentales corruptos.

  2. Implementa reformas, políticas y programas para aumentar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas.

  3. Protege los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación.

  4. Proporciona la seguridad y la aplicación de la ley eficaz y responsable para sus ciudadanos respetando el debido proceso legal.

  5. Implementa políticas para reducir pobreza y promueve una economía equitativa, crecimiento y oportunidad.

  6. Defiende la independencia del poder judicial y de instituciones electorales.

  7. Mejorar la seguridad fronteriza.

  8. Lucha contra el tráfico de personas y contra las actividades criminales, narcotraficantes y organizaciones criminales transnacionales.

  9. Informar a sus ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de Estados Unidos.

  10. Resolver disputas que involucren al confiscación de bienes inmuebles de entidades de Estados Unidos.