A las vísperas de conmemorar 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que, aunque se quedaron cortos en aspectos económicos y sociales, dieron fin a uno de los conflictos más sangrientos de todo el mundo, el cual cobró más de 75,000 víctimas mortales y forzó a miles de personas del área rural a migrar hacia zonas urbanas del país, y a muchos otros a huir hacia diversos países. Además, permitió asentar las bases de la institucionalidad democrática.
Si bien es cierto que las administraciones gubernamentales de la posguerra, así como las élites económicas y políticas fueron incapaces de resolver los problemas estructurales de la sociedad, la respuesta no está en destruir esa institucionalidad sino en fortalecerla. Lastimosamente, las instituciones democráticas se encuentran sometida a constantes ataques y existe un peligro real de perderlas; además existen enormes alertas sobre retrocesos en la garantía de los derechos humanos. Esto llevó a estas organizaciones a presentar esta plataforma compuesta por ocho compromisos, que cualquier persona y entidad que aspira a vivir en una sociedad democrática no debería dudar en respaldarla.
- Cumplir con los mandatos constitucionales de manera eficiente y trasparente, garantizando el pleno respeto a los derechos fundamentales de la población, en particular la defensa de la institucionalidad y del Estado de Derecho, aplicando de manera oportuna los mecanismos constitucionales y legales.
- Cero tolerancia a la corrupción en todas las instituciones del Estado. Emitir una legislación adecuada al objetivo señalado. Está política se aplicará en particular a los tres Órganos Fundamentales: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y tendrá carácter de «interés nacional».
- Promover mecanismos de transparencia especialmente en los procesos de elección de funcionarios, para garantizar la idoneidad e independencia de quienes sean electos en los cargos, mediante una reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL).
- Que la Asamblea Legislativa cumpla eficientemente con todas las atribuciones que la Constitución le confiere y reforme toda la legislación que sea pertinente para lograr ese objetivo.
- Fortalecer las atribuciones y la independencia de la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental y el resto de instituciones de control, y velar, así mismo, por un adecuado presupuesto para su funcionamiento y protección ante cualquier abuso.
- Impulsar la política de «Gobierno abierto». Un Gobierno abierto se caracteriza por ser transparente, rendir cuentas y promover participación y esquemas de colaboración con el fin de mejorar la calidad de los servicios públicos.
- Discutir y aprobar la Ley de la Función Pública para lograr una administración pública efectiva y eficiente.
- Reformar la Ley de Partidos Políticos para contribuir a su modernización y a la reconstrucción de su credibilidad y legitimidad.
En un contexto de una grave crisis económica, social, ambiental y también política, estamos frente a una contienda electoral vacía de propuestas, pero clave de cara al tipo de Estado que se puede tener en el país. Por ello, es fundamental asegurar que quienes tomarán las decisiones en representación de las grandes mayorías lo hagan desde el respeto al Estado de derecho, la separación de poderes y el absoluto compromiso de defender la democracia y la república; pero también para que desde la ciudadanía comprendamos que a pesar de nuestras diferencias es.