Con protocolo covid-19, la cripta donde reposan los restos del santo fue reabierta. Hoy se cumplen 41 años de su martirio. / Óscar Machón


El Ministerio de la Defensa informó a la Fiscalía General de la República que “no se encontró antecedente o registro alguno”, de las personas que conformaban la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) en la década de 1980, que conoció del asesinato del santo y arzobispo salvadoreño, monseñor Óscar Arnulfo Romero.

“De acuerdo al informe remitido, donde se hace constar, la búsqueda no se encontró antecedente o registro alguno de lo solicitado”, dice el informe del Ministerio de la Defensa enviado a la Fiscalía General de la República el 18 de febrero del 2021.

Lo anterior ocurrió, luego que la jueza Cuarta de Instrucción de San Salvador pidiera a Fiscalía, el 27 de noviembre del 2020, que hiciera gestiones ante la Defensa Nacional, para obtener el listado de nombres del persona administrativo, policial, militar y asesores jurídicos, técnicos, jefaturas que conformaban la CIHD.

 

¿Por qué es importante la CIHD?


Por decreto legislativo, la Asamblea creó la CIHD el 4 de julio de 1985, a cargo del Ministerio de Justicia y cuyas jefaturas estaban a cargo de los ramos de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública.

Un documento del Comité de Abogados por los Derechos Humanos de 1990, reproducido por la Revista de Estudios Centroamericanos (ECA) señala que “el mayor éxito de la Unidad Especial de Investigación (parte de la Comisión) fue localizar a Amado Antonio Garay”, quien confesó haber sido el motorista que llevó al francotirador, que acabó con la vida de San Óscar Romero,en la capilla del hospitalito Divina Providencia.

Gracias a este testimonio, el juez Cuarto de lo Penal, en aquel entonces, giró la orden de captura contra el capitál Álvaro Saravia Merino, uno de los implicados en la organización de la “Operación Piña”, el supuesto plan para asesinar al arzobispo, el 24 de marzo de 1980. La CIHD fue derogada, por decreto legislativo, el 8 de diciembre de 1993.

El informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, también retoma la investigación de la CIHD y señala que esta inició en 1986. Además retoma las declaraciones de Garay.

 

Pasividad


Esta semana, Tutela Legal “María Julia Hernández” denunció que la fiscalía ha actuado de forma pasiva en el caso penal donde se investiga el homicidio agravado, contra el santo.

También anunciaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que harán una nueva audiencia por la investigación del asesinato de monseñor.

En el año 2,000 la Comisión Interamericana encontró culpable al Estado salvadoreño de la violación de derechos humanos en perjuicio de los familiares del arzobispo y determinó que se debía investigar, enjuiciar a los responsables y reparar las violaciones.

 

Así lo dijo el mundo


Diario El Mundo reconstruyó una crónica sobre el asesinato de Romero, perpetrada por un solo disparo en la edición del 25 de marzo de 1980 y tituló su edición: “Impacto mundial por muerte arzobispo”.



 

Una investigación de 41 años


El 12 de marzo de 2017, el Juzgado Cuarto de Instrucción, dejó sin efecto el sobreseimiento definitivo dictado el 31 de marzo de 1993, contra el capitán Álvaro Saravia Merino.

 

  • Octubre 28 de 2018


El juzgado Cuarto de Instrucción giró una orden de captura contra el capitán Álvaro Saravia merino, por homicidio agravado de monseñor Romero.

 

  • Febrero 2019


La fiscalía pide al juzgado que pida el expediente a la Comisión de la Verdad, ubique testigos, incorpore la sentencia de la CIDH y el juicio Fresno.

 

  • Marzo 4 de 2019


La abogada Almudena Bernabeu rindió testimonio sobre el juicio civil en Fresno donde se condenó a Saravia a pagar $10 millones por el asesinato de Romero.

 

  • Mayo 6 de 2019


El juzgado informó que la PGR nombró una abogada pública al capitán Álvaro Saravia y que esta ya había accedido al expediente.

 

  • Febrero 23 de 2021


Fiscalía presentó un informe donde el Ministerio de la Defensa niega tener registros de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos.